En el mismo sentido: Chiavario, Mario, Appunti sul processo penale (Torino, Giappichelli, 2000), p. 109; Tonini, Paolo, Manuale di procedura penale (Milano, Giuffrè, 1999), p. 49; y, Riccio, Giuseppe, Azione penale e politica delle reforme, en Arch.pen. (n. 27), p. 65., quien hace la distinción “en cuanto a los intereses generales o particulares que cautela”. Se trata de una facultad que el Director puede ejercer discrecionalmente y, en tal sentido, la resolución que adopte no es susceptible de reclamación ni de recurso alguno8. The first part deals with the normative content of the article. 20Roxin, Claus, Strafverfahrensrecht (25º edición, München, CH. El concepto de derecho penal subjetivo o el derecho subjetivo de penar debería ser evitado por los problemas que esta terminología conlleva. Esto implica que el principio de juridicidad impera sobre todos los órganos del Estado, cualquiera sea la función que desempeñe (v. Es por ello que una conducta debe encuadrarse en un tipo penal para poder luego ser considerada antijurídica.. El principio de legalidad es la base de esta necesidad de que las acciones u omisiones deban estar recogidas en las leyes penales. Por consiguiente, es posible concluir que el Ministerio Público está sujeto integralmente a Derecho, tanto en su ser como en su obrar”. En dicho entorno la agresión puede comprender el contacto corporal mediante mordidas, golpes o empujones, pero la mayoría de los conflictos son resueltos mediante las amenazas y avances intimidatorios que no producen daño físico. En efecto, cada órgano facultado para provocar el inicio de la investigación penal (Fiscalía Nacional Económica37, Servicio de Impuestos Internos, etc.) 8Circular N° 40, de 20 de junio de 2002, pronunciada por el Director del Servicio de Impuestos Internos, p. 24. En este sentido adiciona la imposibilidad de establecer un paralelismo entre la pretensión penal del Estado en el enjuiciamiento criminal y la pretensión de los actores en el proceso civil. a) Los delitos tributarios como delitos especiales. El profesor Roxin20 mantiene una posición similar. 76Vid. Como toda relación jurídica, la de naturaleza procesal tiene requisitos de validez. U. m. en pl. [1] Existe cierta discusión al respecto, pero se acepta de forma mayoritaria que el delito se compone de tres categorías o ⦠Éstos consisten en elementos formales que se precisan para que una relación procesal surja válidamente. 17 y 18; y, Cordero, Franco, Procedure Penale (5º edición, Milano, Giuffrè, 2000), pp. [ Links ], Rodríguez Collao, Luis, Delitos sexuales (2ª edición, Valparaíso, Editorial Jurídica de Chile, 2014). [ Links ], Horvitz Lennon, María Inés; López Masle, Julián, Derecho procesal penal chileno (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2002), I. En el mismo sentido, entre otros: Dominioni, Oreste, Azione Penale, en Digesto della Discipline Penalistiche (Torino, UTET, 1987), p. 399; Chiavario, Mario, L’azione penale tra e Diritto e Politica (Padova, CEDAM, 1995), pp. Es además un acto definitivo e irrevocable y, en todo caso, no puede cambiarse en perjuicio el [del] supuesto infractor”. 16Leone, Giovanni, Azione penale, en Enciclopedia del Diritto 87Dictamen N°14.000, de 27 de abril de 2017. 36En este sentido, el Ministerio Público concuerda en que el fundamento de la institución de la acción penal privada previa instancia particular es la afectación que puede sufrir la víctima en la iniciación del procedimiento penal. En otros términos, los tipos especiales del Código Tributario, en relación con el artículo 99 del mismo cuerpo legal, parecen sugerir la idea de que la calidad de contribuyente constituye una característica personal para imponer la pena de autor82. Así, en los delitos especiales no cabe denuncia o querella contra persona indeterminada, porque quien lo cometió es parte integrante del tipo penal. El establecimiento de ciertas restricciones típicas respecto del posible círculo de sujetos activos de un delito permite diferenciar los delitos comunes de los delitos especiales75. El nuevo texto es el siguiente:> El impuesto sobre la renta y complementarios, a cargo de los contribuyentes no obligados a declarar, es el que resulte de sumar las retenciones en la fuente por todo concepto que deban aplicarse a los pagos ⦠2o. LEY 1448 DE 2011 (junio 10) Diario Oficial No. [ Links ], Maier, Julio, Derecho procesal penal (Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004). 33-35. Así, la determinación de los alcances de un delito tributario envuelve una mayor complejidad que en un delito común pues se debe analizar la regulación tributaria subyacente y determinar su infracción. Sí lo sería, en cambio, si lo que se comunica es que “se llevó un reloj que es de otra persona -por ejemplo, de Diego, sin su voluntad, profiriendo amenazas para determinar su entrega” (robo con intimidación). Con lo afirmado, surge la necesidad de determinar, por un lado, cuál es la consecuencia de la falta de un presupuesto procesal habilitante, en este caso, la no denuncia o querella. [ Links ], Jescheck, Hans-Heinrich; Weigend, Thomas, Tratado de Derecho Penal. La tercera y última parte se dedica a los delitos tributarios y su vinculación con la acción penal. La firma tiene por fin identificar, asegurar o autentificar la identidad de un autor o remitente, o como una prueba del consentimiento y de verificación de la integridad y aprobación de la información contenida en un documento o similar, y que tiene carácter legal. Es más, y como el mismo instructivo del Ministerio Público ordena, por contrapartida de los incisos sexto y séptimo del artículo 162 del Código Tributario85, en estos casos se debe oficiar al Servicio de Impuestos Internos para que ejerza la acción penal86. Sin embargo, ¿ello en qué se relaciona con la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal? Con todo, de acuerdo con la orientación mayoritaria de la dogmática procesal nacional51, se puede definir los presupuestos procesales como aquellas circunstancias formales establecidas por la ley procesal, que deben concurrir en el proceso para que sea posible la resolución sobre el fondo del asunto sometido a la consideración judicial, las cuales, además, deben observarse de oficio52. [ Links ], Carocca Pérez, Álex, Manual. WebLa teoría del delito "es un sistema categorial clasificatorio y secuencial en el que, peldaño a peldaño, se van elaborando, a partir del concepto básico de la acción, los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de aparición del delito." También queda en evidencia en el contenido de las querellas que interpone el Servicio. [ Links ], Vila Baltra, Martín, Titularidad de la acción penal en los delitos tributarios, en Anuario de Derecho Tributario 7 (2015). 116 ss. Los antecedentes que se reúnen durante esta fase permiten al Director Nacional adoptar una decisión que, si bien es discrecional, nunca podría -o debería- llegar a ser arbitraria. En definitiva, la autorización administrativa previa exigida para la persecución penal de los delitos tributarios, se alza como un impedimento u obstáculo procesal, es decir, un presupuesto procesal de existencia, cuya ausencia u omisión producirá necesariamente la inexistencia de la relación procesal69. WebSistema de consulta de Tesis, Precedentes (Sentencias) y otros documentos publicados semanalmente del Semanario Judicial de la Federación. [ Links ], Correa Selamé, Jorge, Curso de derecho procesal penal (Santiago, Ediciones Jurídicas de Santiago, 2003). 47 ss. Noticias Nacionales e Internacionales, de Rosario y la región, policiales, espectáculos, deportes, política, economía, gremiales y mucho más Por otro lado, el Servicio de Impuestos Internos debe manifestar su voluntad, como todo órgano de la Administración del Estado, por medio de un acto administrativo (artículo ٣º de la Ley N° 19.880 de bases del procedimiento administrativo)14, el cual constituye un acto terminal del proceso administrativo de recopilación de antecedentes. En particular, el nuevo artículo 64. Luego, sus actos administrativos podrán ser impugnados mediante: i) un incidente de nulidad de derecho público: que se trata de una cuestión accesoria destinada a declarar la validez o nulidad de un acto del Ministerio Público en razón de su conformidad o disconformidad a Derecho, cuyas infracciones pueden ser: falta de investidura regular, incompetencia, violación de forma o procedimiento, violación de ley y desviación de poder; y ii) cautela de garantías72-73. 115-153. (n. 3), p. 165. Desde otra perspectiva, la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal consiste en un presupuesto procesal de perseguibilidad. El concepto de Estado difiere según los autores, [11] pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 2. Además, toda prueba reunida adolecerá de ilicitud. 51-53; Silva Montes, Rodrigo, Manual de procedimiento penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2001), pp. Es más, citando a Mauricio Duce y Cristián Riego, afirma que “los policías se encuentran facultados a rechazar una denuncia en aquellos casos en que aquéllas ‘no contengan un relato de hechos con una mínima precisión o que, por otra, de la sola relación de los hechos se evidencia que éstos no se enmarcan en uno o más tipos penales’”84. [ Links ], Maturana Miquel, Cristián; Montero López, Raúl, Derecho procesal penal (Santiago, LegalPublishing , 2010), I. 58 ss. En definitiva, que el Ministerio Público tenga esta facultad era riesgoso sobre todo por su falta de experticia tributaria, además de la obvia superposición de funciones y facultades que ello implicaría, ruptura de la armonía y justicia del sistema tributario. No obstante, es del artículo 1 de donde se puede extraer la definición del concepto de responsabilidad penal: 1. Para un desarrollo mayor ver: Hassemer, Winfried, Lineamientos de una teoría personal del bien jurídico, en Doctrina Penal (1989), pp. Dentro de los distintos tipos de acciones, encontramos la acción penal que requiere de autorización de un ente estatal. (n. 20), p. 166, señala que “los presupuestos procesales serían presupuestos tipificados del aseguramiento de la paz jurídica, sin cuyo concurso no existirían motivos, en realidad, para la actuación del ordenamiento jurídico penal”. [ Links ], Castro Jofré, Javier, Introducción al Derecho Procesal Penal chileno (2ª edición, Santiago, LegalPublishing , 2008). 74Luego, no producirá el efecto de suspender el curso de la prescripción de la acción penal (artículo 233 del Código Procesal Penal). Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas, que lleguen antes de dictar sentencia, serán tenidas en cuenta para la decisión, previo el cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. 37En virtud de las modificaciones introducidas por la Ley N° 20.945 al DFL N° 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211 de 1973. Sin embargo, caracteriza la acción penal que emana de los delitos tributarios como una de carácter mixta o previa instancia particular65, que, como se afirma acá, no es el caso, pues de esta clase de delitos emana una acción penal que requiere autorización de un ente estatal. [ Links ], López Simó, Francisco, La jurisdicción por razón de materia (tratamiento procesal) (Madrid, Editorial Trivium, 1991). [ Links ], Silva Montes, Rodrigo, Manual de procedimiento penal (Santiago, Editorial Jurídica de Chile , 2001). Así, la relación entre el hecho «X» y el sujeto «Z» indeterminado correría la misma suerte que una denuncia efectuada sin indicar a su autor, pues el sujeto calificado es parte integrante del tipo penal. no se hubieren proporcionado los antecedentes sobre alguno de esos delitos, el Servicio los solicitará al fiscal que tuviere a su cargo el caso, con la sola finalidad de decidir si presentará denuncia o interpondrá querella, o si requerirá que lo haga al Consejo de Defensa del Estado. Por tanto, la misma debiese ser constatada por el tribunal cualquiera sea el estado del procedimiento, ya sea de oficio o a petición de algún interviniente. Agencia Boliviana de Información. Frente a la perspectiva histórica tradicionalmente adoptada, el debate queda reducido al plano meramente normativo23. Conforme lo expuesto, es válido sostener entonces que la querella o denuncia efectuada por parte del Servicio de Impuestos Internos constituye un presupuesto procesal habilitante (presupuesto procesal negativo o impedimento procesal)59 para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación de un delito tributario, “y es precisamente el contexto del ordenamiento jurídico vigente (reforzado por el principio de legalidad constitucional) el que impide al Ministerio Público activar sus facultades allí donde no se cumplen, al menos, mínimamente, con las condiciones de aplicabilidad externa de las normas de sanción contenidas en el derecho penal tributario, condiciones entres las cuales se contempla la satisfacción de los requisitos de procesabilidad previstos por los artículos 162 Código Tributario y 54 del Código Procesal Penal”60.
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