cit., p. 99 (n. 23). 395 CPP) y abreviado (art. Roxin, ob. Agrega el autor que a veces se habla de discreción en un sentido débil, para decir que por alguna razón las normas que debe aplicar un funcionario no se pueden aplicar mecánicamente, sino que exigen discernimiento. cit., pp. El principio de exclusividad consiste en que solamente los juzgados y tribunales podrán juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, serán los únicos que podrán desarrollar la función jurisdiccional. Es así como puede advertirse esta deficiente regulación, entre otros tantos aspectos -no pretendemos aquí una enunciación exhaustiva-, en materia de archivo provisional (art. 20, 2005, pp. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD Artculo 3. Castro, C. Resabios Inquisitivos en el Proceso Penal Chileno, Metropolitana, Santiago, 2010, pp. Es un lugar común en la doctrina ver el principio de legalidad como un principio "limitador" al poder punitivo del Estado, entre tantos, v. Bovino, A., Problemas del derecho procesal penal contemporáneo, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1998, p. 72; Muñoz C., ob. Lo primero que tiene que apreciar el Fiscal (mediante una calificación jurídica) es si el hecho es constitutivo de delito, pues la acción solo procede cuando lo sea. Por: Níkolas Stolpkin. 11 Como sentencia Zagrebelsky, V., "Independencia del ministerio público y obligatoriedad de la acción penal", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, p. 115, "el núcleo esencial del principio de obligatoriedad de la acción penal reside en el exclusivo sometimiento a la ley de quien está llamado a ejercerla y se resuelve en un aspecto del principio de legalidad, asumiendo esencial relieve en el plano de la subdivisión de competencias entre magistratura y otros poderes del Estado". Es pertinente esta aclaración frente a la extendida doctrina por la cual se sostiene que al disponerse de una etapa del procedimiento generalmente por la renuncia al juicio del imputado se da espacio al principio de oportunidad8. (Dir. Garrido M., M., Derecho Penal. Principio de obligatoriedad. y Horvitz, M.I., "El proceso penal chileno", en Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Proceso Penal y Derechos Fundamentales. cit., p. 8, asevera que el derecho penal material determina no solo los límites de la punibilidad, sino que tiene además la misión de reafirmar y asegurar las normas fundamentales de una sociedad. Muñoz C., F., Introducción al Derecho Penal, B de F, Buenos Aires, 2001. 54 El TC reiteradamente invoca en sus argumentaciones la necesidad de la formalización previo al cierre de la investigación y posterior acusación, v.gr., SSTC Rol N° 815-2007 de 19.08.2008 (cons. cit., p. 17, reafirma que el concepto de "oportunidad reglada" encierra "en sus propios términos cierta contradicción, ya que el ejercicio de estas facultades o, expresado de otro modo, la apreciación discrecional es algo que no puede ser reglado"; Armenta, ob. 162-163, el prescindir de hechos relevantes o la introducción de hechos no acreditados o el pacto de una calificación jurídica improcedente constituye una excepción al sometimiento a la legalidad penal sustantiva, excediendo el obligatorio ejercicio de la acción penal que impone al MP la legalidad procesal. Por ello puede ser conveniente, en cuanto técnicamente más riguroso, examinar las instituciones procesales específicas de un determinado sistema legal según los elementos reglados y discrecionales que se aprecien en su estructura normativa y que incidan en el ejercicio y promoción de la acción penal por el MP. de Derecho Procesal. Discretionally criminal proceedings prosecutor office. La conversión en una obligación natural de actuar dentro de legalidad que propone Sainz M., F. Conceptos Jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Civitas, Madrid, 1976, p. 303, respecto de aquella potestad no controlada judicialmente por opción legislativa, sin duda que más allá de su ingenio teórico, no evitará la incorporación por el Fiscal de criterios de oportunidad y conveniencia en su actuación que justifiquen calificarla como discrecional. 135-157. Tanto el Ministerio Público como el tribunal cumplen con sus deberes de realizar las prescripciones dispuestas por la norma penal positiva. Nuestra CPR en su art. 14 Cfr. Estas pueden ser reconducidas a dos grandes grupos: garantías legales, que afectan el quomodo de las leyes penales (que deben ser claras, precisas, escritas, estrictas e irretroactivas) y garantías formales o procesales, referidas tanto a la determinación de los órganos en quien residía la potestad de dictar leyes como a la precisión de los órganos encargados de aplicarlas. Ejemplo: La participación de las municipalidades con el rol de reparto de canastas, víveres, entre otros; donde interviene esencialmente las diferentes entidades del estado a favor … Oo. 9-38. Un estudio de la jurisprudencia chilena, LexisNexis, Santiago, 2000, pp. López, J. y Horvitz, M.I., Derecho Procesal Penal Chileno, T.I, Jurídica de Chile, Santiago, 2005. practica del profesor Concheiro lara sánchez naveira 2º ade derecho el principio de libertad religiosa es un derecho humano, ... Ejemplo de Unidad Didáctica; ... de que acompañe a dicha Hermandad siendo un acto policial de mantenimiento de la seguridad ciudadana que justifique la obligatoriedad en su participación no sería válido. cit., p. 5 56, explica que oportunidad significa "la posibilidad de que los órganos públicos, a quienes se les encomienda la persecución penal, prescindan de ella, en presencia de la noticia de un hecho punible o, inclusive, frente a la prueba más o menos completa de su perpetración, formal o informalmente, temporal o definitivamente, condicionada o incodicionadamente, por motivos de utilidad social o razones político-criminales". 237 CPP) y el acuerdo reparatorio (art. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. 304-305, sostiene que el principio de oportunidad reglada asegura de por sí un tratamiento general idéntico para casos análogos atributo que justamente se echa de menos en la verdadera oportunidad. por Rodríguez, N., La justicia penal negociada. 17°), Rol N° 1542-2009 de 31.08.2010 (cons. Es así como la CIDH no ha deducido del principio de legalidad consagrado en el art. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. 132 CPP, que autoriza al abogado asistente del fiscal a comparecer a primera audiencia y formalizar la investigación y solicitar medidas cautelares dio un significado restringido a la voz "ejercer la acción penal pública" acotado a la acusación, y que por tanto no comprendía aquellos actos controlados. Ruiz V., E., Estudios de Derecho procesal penal, Comares, Granada, 1995, p. 64, se inclina por incluir los distintos frentes comentados del principio de legalidad en el principio constitucional contenido en el art. La discrecionalidad política implica a su vez una política criminal determinada, entendida esta como una estrategia global en materia de prevención, investigación, persecución y represión de la criminalidad. Ruiz V., E., "El principio de oportunidad reglada", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. 43 Gómez O., E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, T.II, Bosch, Barcelona, 1947-1951, p. 528. 4. 1. 135 y ss. De manera aislada en nuestra cátedra, Cerda y Hermosilla, ob. 32 Serra, ob. 64-65 (actuación que tiene lugar para este autor luego de practicadas las pruebas en el juicio oral), sin embargo, agrega que "como algo significan todos los actos que preceden a la formulación de las conclusiones definitivas, cabe sustentar un criterio amplio sobre la acción penal, diciendo que mediante su ejercicio se obtiene de los órganos jurisdiccionales intervinientes el descubrimiento de los actos tipificados como punibles con todas sus circunstancias, y de los autores, haciendo posible el momento de la acusación, en que propiamente se solicita la impartición de la justicia penal por la sentencia, que hace efectivo el derecho a la justicia en su bilateralidad". Cafferata N., J., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 3a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000. 165-169. 25.1 de la Constitución española; De la Oliva, ob. Únicamente una "concepción dinámica de la discrecionalidad", que no pierda de vista la actitud de los Tribunales frente a las actuaciones del MP, nos ofrecerá una visión acabada y global de nuestro sistema procesal45. Maturana C. y Montero, R., Derecho Procesal Penal, T.I, Legal Publishing, Santiago, 2010. cit., p. 33. Por tanto, si bien es verdad que en diversos momentos el agente público hará un uso arbitrario de una potestad discrecional, de todos modos nos interesa mantener, al menos conceptualmente, clara tal distinción para efectos de este artículo, por lo que enfatizaremos en los múltiples espacios para un no ejercicio discrecional de la persecución penal que la ley adjetiva nacional deja al MP, permitiéndole desoír el mandato de obligatoriedad que lo gobierna, más allá si tal inconducta es arbitraria o no aunque recurrentemente lo será. “Artículo 1361º.-. 13-24. Aguilar, C., Manual de Derecho Procesal Penal Oral, Metropolitana, Santiago, T.I, 2004. 9 y 124, Aguilera, ob. PRINCIPIO DE OBLIGATORIEDAD DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO. Sin embargo, el autor tacha de acertada su expresa incorporación por la especial connotación que tiene el principio de legalidad referido al MP, por el cual debe también promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, impidiendo, mediante los Tribunales, que otros actúen ilegalmente, sobre todo en el campo penal. A fin de sortear distracciones, no hablaremos tampoco de "principio de necesidad", "indefectibilidad" o nulla poena sine iudicio, que ciertos tratadistas asimilan al de obligatoriedad, pues con aquellos se suele aludir a algo distinto, a saber, que "el proceso penal es obligatorio para averiguar la infracción criminal, descubrir al autor, juzgarle y, sobre todo, imponer la pena", Prieto-Castro, L. y Gutiérrez de C., E., Derecho Procesal Penal, 2a ed., Tecnos, Madrid, 1982, p. 90, o en otras palabras, para referirse a la necesidad del Estado de acudir al proceso para hacer valer el ius puniendi de que es titular. 30, núm. Prieto-Castro, L. y Gutiérrez de C., E., Derecho Procesal Penal, 2a ed., Tecnos, Madrid, 1982. cit., p. 548; López, J. y Horvitz, M.I., Derecho Procesal Penal Chileno, T. I, Jurídica de Chile, Santiago, 2005, p. 46; y, Cerda, R. y Hermosilla, F., El Código Procesal Penal. En la oportunidad reglada tal discrecionalidad se restringe generalmente a la delincuencia bagatelaria y bajo ciertas condiciones en las cuales el legislador estima ausente un interés público en la persecución, o privilegia otros valores. Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. 112-113, recogen como manifestaciones del principio de oportunidad reglada solo estos tres institutos procesales, aunque añaden como excepciones al principio de legalidad el archivo provisional (art. 27 Quintero, et al., ob. cit., p. 20, esta visión amplia no fue recepcionada por el ordenamiento adjetivo chileno, el que solo admitió formas restringidas que comprenden el abandono y la suspensión de la persecución en ciertos casos definidos legalmente, mas no una persecución discrecionalmente devaluada. 23 En tal sentido para Asencio M., J.M., Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal, 1a ed., Trivium, Madrid, 1991, p. 55, el binomio legalidad-necesidad implica también la imposibilidad "de reducción o mutación del hecho o la variación de la calificación jurídica o de la pena fuera de los márgenes autorizados por la ley"; y, por el contrario, pasa a ser parte del principio de oportunidad la posibilidad de interesar pena inferior a la legalmente prevista, cfr. Pedro Montt 1606, edificio F, piso 9, Santiago, Chile. Digámoslo de otra forma, la pretensión punitiva que obligatoriamente deberá perseguir el MP es aquella que corresponde al delito en el que se encuadra el hecho de que ha tomado noticia, investigado y acreditado, y no otra. 137 y ss. cit., pp. 479-491. 455 y ss. 83 de la CPR mandata al MP el ejercicio de la acción penal pública "en la forma prevista por la ley", encargando al legislador determinar los márgenes de discrecionalidad con los que ese órgano desarrollará su labor persecutoria. 83-84, suscribe que la expresión "discrecional" solo cabe en un único tipo de contexto, "cuando alguien está en general encargado de tomar decisiones sujetas a las normas establecidas por una autoridad determinada". Duce, M. Y Riego, C., Proceso Penal, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2009. Por lo argumentado es que la disección entre oportunidad "reglada" y "libre" radicará simplemente en la menor o mayor licencia que el legislador dispensa al MP para forjar una política de actuación propia, pero ambas modalidades de oportunidad se cimentan necesariamente en el principio de legalidad. 13 y ss. ; y, Cafferata, J., Cuestiones actuales sobre el proceso penal, 3a ed., Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, pp. 3, spring 1974, p. 440, define la discreción simplemente como el poder del Fiscal de no perseguir. La Ley y el Delito, Abeledo-Perrot, Buenos Aires. Bullemore, V. y Mackinnon, J., Curso de Derecho Penal. Maier, J., Derecho Procesal Penal. Tal cometido no debe ser visto como una expresión a nivel jurisdiccional del principio de obligatoriedad de la acción penal, pues en un sistema gobernado por el principio acusatorio la judicatura no ejerce la acción penal sino solo declara la responsabilidad penal según el derecho objetivo vigente. Garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos que en desarrollo del principio constitucional de solidaridad, permitan que sectores sin la capacidad económica suficiente como campesinos, indígenas y trabajadores independientes, artistas, deportistas, madres comunitarias*, accedan al sistema y al … 34 En similares términos, Roxin, ob. cit., T. I, pp. Del Río F., C., Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional, Librotecnia, Santiago, 2009. Con ese propósito practicarán todas las diligencias que fueren conducentes al éxito de la investigación y dirigirán la actuación de la policía (...)" (la cursiva es nuestra). Finalmente, el principio de legalidad habría de gobernar la ejecución de las penas". 550-552 y 556. Diez-Picazo, L.M., El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel, Barcelona, 2000. Miguel Rol N° 1249-2006 de 17.11.2006, y Rol N° 26-2011 de 04.03.2011; SSCA Stgo. 24 Cfr. A mi juicio, la utilización del calificativo 'reglada' no tiene como parece se ha pretendido un efecto sanatorio en el sentido de que el simple empleo del mismo tendría como consecuencia subsanar las posibles quiebras al principio de legalidad que pudieran producirse"; Zagrebelsky, ob. Ortells R., M., "Cuatro aproximaciones al nuevo proceso penal chileno desde la perspectiva del proceso penal en países de la Unión Europea", en AAVV, El Nuevo Proceso Penal Chileno, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Dentro de estos supuestos tipificados en la ley, se suele incluir por nuestra cátedra como manifestaciones de oportunidad reglada a la oportunidad estricta (art. Sobre el principio de indefectibilidad en el ordenamiento nacional, v. Núñez, J. C., Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral, T. I, Jurídica de Chile, Santiago, 2003, pp. Colección Estudios, N° 1, Santiago, 1994, p. 186. Aunque dicha noción se considere de tácita aplicabilidad y una regla de comprensión general, lo cierto es que en la práctica, a efectos de determinar la ley aplicable, genera problemas, dado que los abogados litigantes pierden de vista su finalidad y terminan invocando normas de otras materias que no son congruentes con lo estipulado en el propio contrato, quizás muchas veces generados por la materia que regula el contrato y/o en otros por tratar de liberar responsabilidad de asumir lo pactado. 32-33, para quien la atribución que confiere al MP el principio de oportunidad incluye la de limitar la persecución penal en su extensión objetiva y subjetiva, sosteniendo entre los fundamentos de este principio, el de convenir la extensión de la pena por acuerdo entre el acusador y acusado. se encuentra en el principio de obligatoriedad contractual. Andrés I., P., "El Ministerio Fiscal entre 'viejo' y 'nuevo' proceso", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993. 10-r2 (2008), http://criminet.ugr.es/recpc (fecha consulta: 10-12-2011). Sections II and III review how local and comparative doctrines address mandatory and discretionary prosecution and legality, as well as others that are different in name but not in content. Como una excelente noticia calificaron la seremi de Energía de Atacama, Cecilia Sánchez Valenzuela, y su par de Bienes Nacionales, Mónica Marín Aguirre, la … cit., p. 497-498, reconociendo que el art. 124.1 Const. 387-406. 2 Para un acabado y crítico estudio sobre estas prácticas, v. Del Río F., C., Proceso penal, consenso de las partes y enjuiciamiento jurisdiccional, Librotecnia, Santiago, 2009. Alschuler, A., "Jury: Legal Aspects", en AAVV, Encyclopedia of Crime & Justice, vol. significa, que en realidad el principio de oportunidad no se. Se te ha enviado una contraseña por correo electrónico. Piedrabuena, Jurisprudencia, ob. Introducción y normas básicas, 1a ed., Bosch, Barcelona, 1985. 19 N° 3 incs. 166 CPP). Explican el antagonismo entre ambos conceptos en el ámbito administrativo García de E. y Fernández, ob. 287-308. Piedrabuena, G., "Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre normas del Código Procesal Penal", en Revista de derecho. 11, 1984, p. 480, en sus apreciaciones sobre el acto administrativo. 186 y ss. ; y, Welzel, H., Derecho Penal Alemán, 4a ed., Ed. Se … Couso S., J., "Oportunidad versus legalidad: entre economía político-criminal, despenalización, prevención y principios garantistas", en Cuadernos de análisis jurídico, núm. Rol N° 2862008 de 17.03.2008 y Rol N° 658-2008 de 07.05.2008; SCA Rancagua Rol N° 282-2012 de 23.07.2012; y, SJG 4° Stgo. La distinción entre oportunidad reglada y libre resultarán de escasa utilidad si más allá de las previsiones legales de los casos y condiciones en los que el MP puede abstenerse de la persecución, no se ha contemplado remedio procesal cierto y efectivo frente a su desconocimiento o exceso por parte del MP. y Horvitz, M.I., "El proceso penal chileno", en Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Proceso Penal y Derechos Fundamentales. 100 LECrim, al disponer que "de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable", se está consagrando la obligatoriedad de la acción penal, en vez de muchos, v. Prada, ob. Todos deben ser tratados por igual ante la administración. Novoa, J.P., "Análisis de la Facultad del Ministerio Público de no perseverar en la investigación", en Revista procesal penal, 2004, N° 27, pp. 1, Sección Estudios, 2003, pp. cit., p. 530. O el MP es libre para actuar en un determinado sentido o no lo es. Sentencia del Tribunal Constitucional que Declaró Inaplicable el Artículo 230 del Código Procesal Penal", en Revista de Derecho, Universidad Austral, vol. Barros, L., Frühling, H., García, G., Quintana, A. y Sánchez, D., "El proceso penal chileno y su protección de los derechos del imputado", en Proceso Penal y Derechos Fundamentales. Se yerra por ende al situar como antagonista de la discrecionalidad u oportunidad al principio de legalidad procesal si es la propia ley la que concede potestades discrecionales al Fiscal para sustraer un hecho o sujeto de la persecución, antagonismo que en realidad se presenta con el de obligatoriedad de la acción penal13. Pierry A., P., "El control de la discrecionalidad administrativa", en Revista Chilena de Derecho, vol. 7. cit., p. 23, denomina la obligatoriedad en estos dos momentos como "inevitabilidad" e "irretractabilidad", respectivamente. 25.1 de la Constitución española ("nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"). 25 El principio de legalidad, en la formulación latina acuñada por Feuerbach, nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, se constituye en una de las conquistas centrales de la Revolución Francesa y queda plasmado en el art. 20, 2005, pp. 198 y 200, postula que la obligación de aplicar la pena deriva de cada norma de carácter sustancial; Soto P., M., "Ministerio Público y Política Criminal", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, p. 141, indica que, "si bien debe admitirse que la instauración del principio de legalidad sustancial y procesal constituyó una inevitable ventaja y una garantía frente a la arbitrariedad que gobernaba la persecución penal en el anciene regime, del mismo modo debe concederse también que dicha instauración representó una clara limitación, de significación preventiva, a la posibilidad cierta de que el arbitrio judicial pudiera volverse a favor de la no persecución"; y, Rico, J.M., Justicia penal y transición democrática en América Latina, Siglo Veintiuno editores, México, 1997, atribuye al principio de legalidad que entiende como la imposibilidad de suspender el ejercicio de la acción penal una vez interpuesta el carácter de "base de un estado de derecho". Sainz M., F. Conceptos Jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa, Civitas, Madrid, 1976. En los casos en que no exista vínculo laboral se deberá incluir una Cláusula contractual para que quienes obren en nombre de Inmaculada Guadalupe y Amigos S.A.S. Cafferata, ob. 6 De la Oliva, A., Aragoneses, S., Hinojosa, Rafael, Muerza, J. y Tomé, J. Berzosa, ob. García de Enterría, E. y Fernández, T.R., Curso de Derecho Administrativo I, 12a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004. En la definición propuesta en el texto se incluye lo que algunos iusprocesalistas tratan como el desdoblamiento del principio examinado en "promoción necesaria" e "irrefragabilidad", así, Clariá O., J., Derecho Procesal Penal, T. I, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, pp. Bettiol, G., Instituciones de derecho penal y procesal, Bosch, Barcelona, 1977. La ley impone sus mandatos, incluso en … 19 Jiménez de Asúa, L., Principios de Derecho Penal. 1, 2008, p. 174, arguye que el principio de legalidad penal, amén de su contenido de garantía, también implica un mandato ineludible en orden a que se debe aplicar la norma sancionada en la ley, y no otra, de manera que la ley penal no opera solamente como un techo o tope máximo, dejando hacia abajo amplios márgenes de discrecionalidad al acusador y para el juzgador, como áreas para crear normas penales atenuadas aplicadas a casos particulares. Por eso, se afirma que en las potestades íntegramente regladas los elementos que las configuran (su titular, la forma en que se ejercen, su finalidad, la forma que adoptan los actos que se dictan en su ejercicio, la oportunidad de su ejercicio, los hechos y fundamentos en que se fundan, etc.) cit., pp. Un ejemplo de ello son los contratos de obra civiles, donde pese a que una de las partes puede ser una contratista, quien generalmente se encuentra sujeta en la regulación de sus actividades a la Ley de Contrataciones del Estado, se olvidan que se ha suscrito un contrato de naturaleza civil y ante cualquier reclamación ante la entidad, no invocan las normas civiles, pese a que el propio contrato establece que se regirá por las normas del Código Civil, sino la de la Ley de Contrataciones del Estado. Una especificación de dicho principio general es el de legalidad procesal en cuanto regula las precisas potestades y funciones del MP en la investigación y en el proceso penal, y ordena que los fiscales ejerzan y sustenten la acción penal pública "en la forma prevista por la ley" (art. Inicio, 11 de enero, Curso completo de responsabilidad civil. El aseguramiento de las normas presupone que en el proceso penal se van a aplicar tal y como el derecho material las dispone, es decir, según la legalidad jurídico-material; Bettiol, G., Instituciones de derecho penal y procesal, Bosch, Barcelona, 1977, pp. 290-291; y, De la Oliva, ob. 5 Ejercer la acción penal, strictu sensu, significa formular la acusación, según explica Prieto-Castro y Gutiérrez, ob. Vives A., T.S., La reforma del proceso penal. Náquira, J., Izquierdo, C., Vial, P. y Vidal, V., "Principios y penas en el derecho penal chileno", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. cit., p. 56. 12-50. 10 López y Horvitz, ob. Alarcón J., P., Discrecionalidad Administrativa. Parte General, 4 ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. Acostumbra, por ejemplo, engarzarse el estudio del principio de oportunidad a la delincuencia bagatelaria o de nimiedad (minima no curat praetor) ámbito en el cual no se agota nuestra investigación, por todos, v. Armenta, ob. del mismo autor "Análisis crítico de la jurisprudencia del tribunal constitucional sobre el derecho a la tutela judicial", en Revista Chilena de Derecho, vol. cit., pp. L. a. Ergo, si hay indicios suficientes de la comisión del delito de violación, por ejemplo, el principio de obligatoriedad de la acción penal impone al MP acusar por ese delito y no otro, y no acusar nada más; e igualmente, si se cuenta con respaldo para acreditar una circunstancia agravatoria de ese delito de violación, el principio de obligatoriedad de la acción penal demanda al fiscal no únicamente acusar por el delito de violación, sino por el delito de violación y sus circunstancias agravatorias. Ruiz V., E., Estudios de Derecho procesal penal, Comares, Granada, 1995. 38 N° 2, 2011, p. 326. 83 CPR y el art. 24.2 de la Constitución española, y contenida en el art. Estos puntos y otros tantos otros, cuyo desarrollo particular demanda un trabajo y esfuerzo anexo, nos permiten ya aproximarnos de mejor forma a la verdadera fisonomía de nuestro proceso penal, donde contrariamente a las miradas globalizantes y distantes que proclaman un general apego al principio de obligatoriedad de la acción penal en nuestro proceso -con escaso campo para una oportunidad reglada-, lo cierto es que un agudo acercamiento nos entregará un panorama muy diverso, colmado de espacios para la discrecionalidad política del órgano público de persecución. A., Derecho Procesal Penal, 4a ed. Así, la relación entre estos elementos es de exclusión, pues en la medida que un elemento no sea reglado será residualmente discrecional, y por tanto no susceptible de control judicial18. Es uno de los cuatro principios fundamentales, junto con la imparcialidad, la confidencialidad y la neutralidad. 20 Maier, J., Derecho Procesal Penal. 6°), Rol N° 1380-2009 de 03.11.2009 (cons. Para Del Río, Proceso penal, consenso de las partes, ob. Misma ligazón en nuestra doctrina se aprecia, v.gr., en Maturana y Montero, ob. cit., p. 15, del principio en comento, que parte de su contraposición al de obligatoriedad de la acción penal, por tanto, si este último significa que el órgano de la acusación está obligado a ejercitar la acción por todo hecho que revista caracteres de delito conforme a la ley, el de oportunidad debe referirse a cualquier excepción a esta obligación. Como afirma Jiménez de Asúa: "de la ley surge la pretensión punitiva del Estado a reprimir los actos catalogados en su texto como delitos, con la pena conminada, y por eso la ley es, a la vez, fuente y medida del derecho de penar"19, o en las palabras de Maier, el principio de legalidad significa que "ante la afirmación hipotética de un conflicto social generado por la inobservancia a una norma penal, el acontecimiento real sucedido y la ley penal sean los únicos parámetros posibles de solución para el caso, razón la cual es preciso inquirir la verdad de aquello que ha sucedido, limitadamente a los elementos importantes para la solución del caso, según la ley penal, y decidir el problema únicamente por aplicación de la ley penal, de la pena estatal, en su caso"20. Introducción y normas básicas, 1a ed., Bosch, Barcelona, 1985, p. 47, afirma que conforme al principio de legalidad, "de un lado, la Fiscalía debe practicar las investigaciones en caso de que existan sospechas de haberse cometido un hecho delictivo; de otro, está obligado a formular la acusación en caso de que permanezcan, tras esas investigaciones, suficientes sospechas acerca de ese hecho". El art. Mera, J., "Comentario de Jorge Mera", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, pp. Escriche da las siguientes acepciones de esta palabra: la cualquiera de las preguntas de que se compone un interrogatorio; 2a la excepción previa y dilatoria que opone alguna de las partes para estorbar el curso de la causa principal; 3a cada una de las disposiciones o puntos convenidos en los tratados de paz o capitulaciones de plaza; 4a cada una de las partes o puntos en que se … Es decir, el principio de exclusividad significa que solo los juzgados y tribunales pueden aplicar la ley para emitir sentencias. Correo electrónico: merodrig@uc.cl. 8° de la Declaración de los Derechos del Hombre de 26 de agosto de 1789. 46, 1972-1973, p. 15-16, ahondando en esta concepción, precisa que la discrecionalidad no es solo ausencia de estándares de control sustantivos y, en un sentido procesal, puede significar que el proceso usado para alcanzar la decisión es informal y provee oportunidades para una desviación incontrolada de la norma que gobierna el caso. 5. Sin embargo, esa discrecionalidad debe estar sujeta a un control que verifique que esta no se esté ejerciendo de modo arbitrario", STC Rol N° 1341-09 de 15.04.2010 (cons. Maturana, C. "El Sobreseimiento", en Revista de Derecho Procesal, 2005, N° 20, pp. Roxin, C., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 89. Aguilera, ob. 26 Así lo propugna Vives A., T.S., La reforma del proceso penal. Náquira, J., Izquierdo, C., Vial, P. y Vidal, V., "Principios y penas en el derecho penal chileno", en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. Si seguimos a la doctrina autorizada, para la cual el ejercicio de la acción penal se materializa al formular acusación5, para que el MP pueda llegar a esa instancia, y allí ejercer la acción penal, se requiere previamente haber llevado a cabo una instrucción preliminar, sea o no formalizada, insoslayable para determinar que hay base plausible que confirme y afirme la comisión de un hecho punible del cual surja la acción penal y, unido a lo anterior, para que dicho ejercicio tenga alguna expectativa de éxito y el principio de obligatoriedad no revista un mero carácter simbólico. 2, diciembre 2008, pp. Jiménez de Asúa, L., Principios de Derecho Penal. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. Sobre el fundamento teórico de los principios de legalidad y oportunidad, v. Roxin, C., Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2000, p. 89; Maier, J., Derecho Procesal Penal Argentino, T. I, vol. Derecho consuetudinario, también llamado usos o costumbres, es una fuente del derecho.Son normas jurídicas que no están escritas pero se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento; es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de hechos que se han producido repetidamente, en el tiempo, en un territorio concreto. Carocca P., A., El Nuevo Sistema Procesal Penal, 3a ed., LexisNexis, Santiago, 2005. 3 Debemos, antes de continuar, efectuar una aclaración metodológica. Perazzo, P., "La acción en el Nuevo Proceso Penal", en Revista de Derecho Procesal, núm. Y este deber de castigar, si procediere por parte del órgano jurisdiccional, deriva del carácter público del ius puniendi que materializa con su sentencia, derecho público que está subordinado siempre al ejercicio de su función a diferencia de los derechos de los particulares, y como tal debe ejercitarse en forma necesaria. Principios de obligatoriedad y discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, Principles of mandatory and discretionary prosecution, * Abogado, Magíster en Derecho Penal, Profesor de Derecho Penal de la U. Católica Silva Henríquez, Santiago de Chile. 4, Sep. 1976, p. 653-654, por su lado, sigue una concepción aún más difusa, indicando que la discrecionalidad puede mejor ser vista como un concepto residual, como el espacio dejado para juicios subjetivos por los estatutos, reglas administrativas, decisiones judiciales, patrones sociales y presiones institucionales que pesan sobre la decisión oficial. En otro sentido débil, se expresa con el término discrecionalidad que algún funcionario tiene la autoridad final para tomar una decisión que no puede ser revisada ni anulada por otro funcionario. En otras palabras, lo medular de la distinción yace en que, con el principio de obligatoriedad, el MP se somete "exclusivamente" a la ley penal, tanto a la procesal que regula sus competencias y potestades en la persecución y en el proceso como a la sustantiva que debe observar al hacer sus postulaciones ante el Tribunal, mientras que con el principio de discrecionalidad el MP está sometido exclusivamente a la ley que regula sus competencias y potestades, pero estas mismas normas lo autorizan para sustraerse con mayor o menor amplitud, y mayor o menor control judicial, a la ley penal sustantiva al momento de promover la acción penal, e incorporar criterios de oportunidad en su dictamen11. 485-487, aclarando que aun cuando en la discrecionalidad puede existir un margen mayor para la arbitrariedad por la posibilidad de opción que le es ínsita, arbitrariedad y discrecionalidad son conceptos antagónicos. Este último principio suele erróneamente ser entendido retributivamente como un "deber de castigar", y además, de castigar solo con la pena establecida en la ley y no otra, tampoco otra menor, y por ello, como naturalmente opuesto al principio de discrecionalidad u oportunidad24. Tanto la investigación como el ejercicio estricto de la acción penal en la acusación están marcados por la legalidad procesal, regulación que limita y especifica el ámbito y extensión de las potestades del MP7. A mayor abundamiento, Bustos y Hormazábal, ob. Jurídica de Chile, Santiago, 1997, pp. 56-58, explican esto de la siguiente forma: "el Estado no comparece en el proceso penal a realizar 'su' derecho, sino a pedir la realización del derecho objetivo, que es tanto el derecho de la víctima cuanto el del delincuente". Otros autores como Maier, ob. Consejo de Defensa del Estado, núm. AsÃ, todo lo que se haya establecido en ellos obliga a las partes contratantes y sólo lo regulado les es aplicable. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur.Se constituye en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista con dos cámaras legislativas. La conformidad en el Proceso Penal Español, Y ed., Cedecs, Barcelona, 1998, p. 135; Berzosa, Ma V, "Los principios de legalidad y oportunidad en el proceso penal", en Picó I Junoy, J. Principio de Igualdad • Igualdad ante la ley: no se puede otorgar privilegios personales en materia tributaria. Piura, con experiencia en Derecho del Consumidor, Contratos, Derecho de Familia. 25.2 del mismo texto no formula expresamente el ius puniendi como deber del Estado de castigar, sí presupone ese deber del Estado respecto de las conductas que sean tipificadas como delitos; Montero, et al., Derecho Jurisdiccional. 6° y 7° de la Constitución Política de la República (CPR en adelante). En la primera, precede, al efecto de determinar preliminarmente los límites y las directrices impuestas al poder discrecional, una interpretación, aunque de segundo grado, que se extiende a la investigación de los fines de la ley, pero a ella sigue una ulterior apreciación para actuar según los criterios de conveniencia y oportunidad, tanto de los intereses concurrentes como de las varias líneas de conducta posibles para la solución de su conflicto. En el actuar no arbitrario, en cambio, hay motivo, es decir, un antecedente de hecho y de derecho en que se funda; y hay una justificación, es decir, un proceso racional de una decisión que la explica en fundamentos objetivos. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, pp. Sentencia del Tribunal Constitucional que Declaró Inaplicable el Artículo 230 del Código Procesal Penal", en Revista de Derecho, Universidad Austral, vol. De ahí que la garantía constitucional de legalidad sustantiva no sea ni equivalente al principio de obligatoriedad de la acción penal, ni obstaculice incorporar legislativamente el principio de discrecionalidad u oportunidad. cit., T.I, p. 452. Sobre la evolución y origen histórico del principio de legalidad, v. Muñoz C., ob. Rodríguez, N., La justicia penal negociada. cit., p. 548, indica que este principio de "legalidad", desde un punto de vista negativo, significa que ningún criterio de oportunidad político-utilitario por conveniencia práctica, económica, temporal, etc. autoriza, en principio, a prescindir de la persecución penal frente a la noticia de la comisión de un hecho punible. Rev., vol. cit., T. I, p. 575; y, Otero L., M., "El principio de oportunidad y salidas alternativas", en Revista de Derecho Procesal, núm. Comentarios a la ley de medidas urgentes de reforma procesal II, Tirant lo Blanch, 1992, pp. 2, 2a ed., Macmillan Reference USA, New York, 2002, pp. Ha seguido también el mismo criterio nuestros tribunales superiores en SCS Rol N° 6742-2008 de 26.02.2009, SSCA Sn. Precisan que el MP no comparece en el proceso a defender sus intereses "porque constitutivamente carece de un interés propio que no sea el del cumplimiento de la ley". La discrecionalidad de carácter supletorio o complementario, por el contrario, está al servicio de la adaptación y de la especificación de la norma a la variabilidad de los tipos en función de la determinación y apreciación del supuesto concreto, donde tiene lugar en realidad una apreciación vinculada que presenta el carácter de interpretación y es propia de la función jurisdiccional. [9] cit., p. 88, explica limpiamente que el fundamento último del principio de legalidad es la exclusión de la arbitrariedad dentro de la relación individuo-Estado, "luego, desde esa perspectiva, el principio de legalidad no puede ser fuente de una obligación de perseguir penalmente (...). Nuestro máximo Tribunal también manifestó criterio análogo en SCS Rol N° 139-2002 de 27.03.2002, al decidir que: "es bastante dudoso que el MP con la intención de sancionar más severamente a un imputado de un delito pueda fundar la nulidad en el principio de reserva constitucional que históricamente se ha establecido para contener el poder del Estado en el ejercicio del ius puniendi y, por lo tanto, resultan tales principios baluartes de defensa de personas que, incriminadas, puedan resultar condenadas por hechos no sancionados por la ley, no tipificados adecuadamente o no establecidos como delictivos a la época de su comisión y por ello no resulta admisible invocar tales principios para imponer penas mayores a las aplicadas al imputado". El poder de juzgar es sencillamente la potestad de aplicar derecho objetivo, y así ha sido concebido, casi invariablemente, por la doctrina española". PAGO DE ARL EN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS INFERIOR A UN MES. 51-72. de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm. cit., pp. (Dir. Universidad Católica de Chile, 2008, pp. 33 Usamos este término en la siguiente acepción: "facultad que la ley deja a los jueces o autoridades para la apreciación de circunstancias o para la moderación de sus decisiones", y no en aquella equivalente a "voluntad no gobernada por la razón, sino por el apetito o capricho", Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, 22a ed., 2001. cit., p. 89, señala que el "principio de oportunidad autoriza a la Fiscalía a decidir entre la formulación de la acusación y el sobreseimiento del procedimiento, aun cuando las investigaciones conducen, con probabilidad rayana en la certeza, al resultado de que el imputado ha cometido una acción punible"; y, Maier, Derecho Procesal Argentino, ob. Depto. 1976, núm. Principio de Obligatoriedad y Principio de Determinación de la Obligación Tributaria por el Sujeto Pasivo. Sumilla: Cuando el artículo 1361 del Código Civil prescribe la obligatoriedad de los contratos en los que se haya expresado en ellos, proclama la fuerza inevitable del … Cobo del Rosal, M. y Vives Antón, T., Derecho Penal. Como explica Binder, A., Introducción al derecho procesal penal, 2a ed., Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004, p. 316, "si bien el juez tiene poder para resolver el caso, ese poder no es un atributo personal él encarna un poder que, en realidad, es atributo del Estado, ni es de ejercicio optativo no depende de su decisión juzgar o dejar de juzgar el caso". Entrevista con…. Pues bien, nuestro ordenamiento legal, y por tanto de acuerdo al principio de legalidad procesal, da cabida tanto al principio de obligatoriedad como de discrecionalidad de la acción penal, el primero nada más como máxima general de actuación del MP, pudiendo este suspender, interrumpir o hacer cesar la persecución penal en los casos previstos por la ley (art. Montero, J., Gómez, J., Ortells, M. y Montón R., A., Derecho Jurisdiccional, Proceso Penal, III, Bosch, Barcelona, 1991. 21, jun. Nuestro TC, en control preventivo Rol N° 1001-2007 de 29.01.2008, el segundo previniente a la declaración de constitucionalidad de los inc. 1° y 2° del art. cit., p. 461, indican que el ejercicio de las potestades discrecionales incluye, en el proceso aplicativo de la ley, una estimación subjetiva de la propia Administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular. por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social DISCRECIONALIDAD EN EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Es ahí dónde se plantea la disyuntiva de qué ocurriría si el sanitario se convierte en foco de contagio del coronavirus por haber rechazado vacunarse. 651-697. Desarrolla extensamente ambos conceptos en el ámbito nacional Duce y Riego, ob. PRESENTACIÓN. 337-367. ¿Los pasantes y aprendices pueden presentar quejas de acoso laboral? Conde-Pumpido, C., "El principio de oportunidad reglada: su posible incorporación al sistema del proceso penal español", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. III. Serra D., M., Estudios de Derecho Procesal, Ariel, Barcelona, 1969. 97-98. Gómez O., E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, T.II, Bosch, Barcelona, 1947-1951. De este modo, la importancia de la relación obligatoriedad del contrato-ley aplicable, se resume en la individualización de la norma aplicable y la identificación de los derechos y obligaciones de los contratantes, que en otras palabras es la eficacia misma de los contratos. cit., pp. precisión conceptual y neutralidad terminológica, nos referimos como obligatoriedad en el ejercicio de la acción penal2, sin desconocer que parte importante de la doctrina europeo … Maier, J., Derecho Procesal Penal Argentino, T.I., vol. Sin embargo, cabe aquí preguntarse: ¿Qué sucede con los terceros ajenos al vínculo creado por ... ejemplo, en un contrato de suministro con exclusividad o en un contrato de distribución con la misma obligación de no hacer o de no contratar con . 307-344. Sin embargo, este autor, íbidem p. 760, a diferencia de lo expuesto en el texto, concluye que el principio de legalidad como deber de hacer valer la pretensión punitiva del Estado debe ser extendido también a los tribunales como verdaderos depositarios de la facultad-deber de castigar, donde esa declaración, como esencia de lo jurisdiccional, no es solo un poder, sino también un deber. La doctrina administrativista nos da luces al respecto, al señalar que solo en los casos en que las decisiones no se completan en vía legislativa, y el órgano puede contribuir a determinarlas usando opciones políticas propias, definidas con independencia, las potestades que ejercita pueden denominarse discrecionales16. 16 Muñoz, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General, T.I., 1a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 519. 95 y 111, considera que al hacer el principio de legalidad que el MP tenga que ejercitar y sostener la acción penal "hasta la finalización del proceso", la conformidad sería, a contrario sensu, una manifestación genuina del principio de oportunidad, al poder terminarse el proceso sin la celebración del juicio oral. Este constituye un cerco normativo al ius puniendi estatal, del cual no se desprende una formulación positiva que obstaculice incorporar legislativamente el principio de discrecionalidad u oportunidad. cit., p. 136. Análisis a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional", en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Sección: Estudios, Año 18, N° 2, 2011, pp. Parte General (Acorde al Nuevo Código Penal de 1995), Cedecs, Barcelona, 1996. Da como ejemplo la jury nullification, donde el jurado suele ignorar las instrucciones del juez y absolver a un acusado aparentemente culpable, lo que se produce no por la ausencia de regla que gobierne la decisión del jurado, pues en la mayoría de los casos sus integrantes son exhaustivamente instruidos sobre la ley por el juez, ni tampoco por alguna norma que les permita ignorar esas reglas, sino que el factor clave está en que la sala del jurado está fuera del escrutinio y de la formalidad de la sala de la corte. 21 y ss. Este último deja dentro de la discrecionalidad la persecución penal"; Maier, Derecho Procesal Argentino, ob. El principio de voluntariedad de la mediación abril 5, 2017 | eim Se podría afirmar que la mediación sin voluntariedad no es mediación. Universidad Católica de Chile, 2008. Como se verá, hemos optado por el antagonismo obligatoriedad-discrecionalidad en el ejercicio de la acción penal, por su mayor precisión conceptual y neutralidad terminológica, siguiendo con ello a Diez-Picazo, L.M, El poder de acusar, Ministerio Fiscal y Constitucionalismo, Ariel, Barcelona, 2000, p. 13. 248 y ss. 4 Maier, ob. En una primera aproximación, pareciera de cuanto se ha intentado explicar claramente distinguible el problema de la fundamentación de la acción por un lado, de la oportunidad de la acción fundada, por el otro. Discrecionalidad acción penal Ministerio Público. Aguilera, E., El "principio de consenso". cit., p. 519. B, Hammurabi, Buenos Aires, 1989, pp. Montero A., J., Ortells R., M. y Gómez C., J., Derecho Jurisdiccional. La distinción entre la discrecionalidad política y técnica que realiza el autor guarda similitud con la homónima gestada por la doctrina administrativista, cfr. 38 N° 2, 2011, pp. cit., p. 206; Cerda y Hermosilla, ob. 758-759. 22 y ss. Sánchez M., M., Discrecionalidad administrativa y control judicial, Tecnos, Madrid, 1994. El art. Posteriormente la doctrina jurisprudencial de este Tribunal evoluciona hasta plantear una "discrecionalidad no arbitraria", según la cual "el fiscal, al tener la dirección exclusiva de la investigación, puede ejercer ciertas facultades de manera discrecional. Igualmente se pretende diferenciar tales conceptos de otros relacionados, cuya confusión y superposición usualmente impide dialogar en el mismo registro a la doctrina. La nueva justicia penal frente a la Constitución, LexisNexis, Santiago, 2006, p. 206. La administración no puede tratar a unos de una manera y a otros de otra manera. Ambos, el Ministerio Público que ejerce la acción penal y juez que conoce y resuelve la acusación, están vinculados al principio de legalidad". Parte General, ob. “Artículo 1361º.-. Traducciones en contexto de "principio de obligatoriedad" en español-inglés de Reverso Context: Una ley de octubre de 1985 establece el principio de obligatoriedad de inserción de … Por eso la discrecionalidad, frente a lo que pretendía la antigua doctrina, no es un supuesto de libertad de la Administración frente a la norma; más bien, por el contrario, la discrecionalidad es un caso típico de remisión legal (...) No hay, pues, discrecionalidad al margen de la ley, sino justamente solo en virtud de la ley y en la medida en que la ley haya dispuesto". Así entendido, engloba y significa tantas y tan diversas cosas, que, en realidad, no significa nada claro y seguro". El principio de la obligatoriedad. Deja tu WhatsApp para recibir las diapositivas, Curso completo de responsabilidad civil. Parte General, T.I., 2a ed., Ediciones Jurídicas de Santiago, Santiago, 2007. Para Ferrajoli, L., Derecho y razón. Consejo de Defensa del Estado, núm. 20-21, reseña que "con frecuencia se entiende el principio de oportunidad con gran amplitud y vaguedad. Otro ejemplo es el contrato de seguro bancario donde no existe ninguna norma que determine la obligatoriedad de contratar un seguro de desgravamen al momento de obtener un crédito de una entidad del sistema financiero, motivo por el cual el otorgamiento de coberturas de dicho seguro, únicamente se rige por lo pactado entre las partes. 77 CPP disponen además que el ejercicio de la acción penal debe ejercerse por los fiscales "en la forma prevista por la ley". cit., pp. Pero, ¿por qué decimos que la voluntariedad es tan importante? Experiencias de derecho comparado, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1997, pp. Incluso los Notarios que autoricen documentos sujetos a inscripción en el RM tienen la obligación de advertir a los otorgantes, en el propio documento y de manera específica, acerca de la obligatoriedad de la inscripción. Asencio M., J.M., Principio Acusatorio y Derecho de Defensa en el Proceso Penal, 1a ed., Trivium, Madrid, 1991. y el mismo en "El Ministerio Fiscal entre 'viejo' y 'nuevo' proceso", en Revista de Ciencias Penales, N° especial Ministerio Público, 1990-1993, p. 76, n. 106; Hassemer, ob. La maternidad: entre la decisión individual y/o la obligatoriedad social 1 Bruna Álvarez introducción el objetivo de este capítulo es analizar la maternidad «normal», la 309-319. Para sentenciar si tales reparos tienen o no sustento, se hace menester en forma previa efectuar algunas precisiones conceptuales ajustadas a las particularidades del proceso penal, y a las complejidades del sistema de justicia penal que lo acoge, que nos den luces para adoptar una postura conciliadora, que no olvide los fines del proceso penal ni específicamente los de la sanción penal, pero tampoco las dificultades que enfrenta todo sistema de justicia penal para absorber y resolver en tiempo oportuno todas las investigaciones y procesos judiciales que soporta. Comentarios, Concordancias y Jurisprudencia, 2a ed., Librotecnia, Santiago, 2006, p. 189, también comprenden en el principio de legalidad a los principios de "promoción necesaria" y de "irretractabilidad". Delgado, J., "El principio de oportunidad en el proceso penal", en AAVV, La Reforma del Proceso Penal. de Derecho Procesal, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, núm. cit., pp. Esta discrecionalidad engloba la autorización para promover una sanción penal devaluada respecto de la establecida por la ley para el hecho delictuoso acreditado con los antecedentes reunidos. cit., pp. Demos un paso más. 9) y a la interpretación de la Constitución conforme a los tratados internacionales (art. En relación con los sujetos, este principio de la inscripción obligatoria tiene dos importantes excepciones: 49 Sobre el principio de juridicidad o legalidad en la normativa constitucional nacional, v. Cea E., J.L., Derecho Constitucional Chileno, T. I, 2a ed., Ed. Frente al principio de oficialidad se sitúa el principio de oportunidad. Todo esto empeora en el procedimiento simplificado de resolución inmediata, en el que ni siquiera se contempla algún precepto al cual echar mano para que el órgano jurisdiccional efectúe un control previo como el que se dispone en el procedimiento abreviado, con la consiguiente inacción de nuestros Tribunales. EL FUNDAMENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DEL CONTRATO. Si los casos y condiciones para decidir la abstención de la acusación vienen preestablecidos en la ley, se habla de "oportunidad reglada", mientras que si se dejan esos casos y condiciones al arbitrio del MP, nos encontramos ante una "oportunidad libre", cfr. Pese a su tradición procesal-penal legalista, retribucionista e inquisitoria46, no hay normas constitucionales en el ordenamiento nacional que acojan el principio de obligatoriedad de la acción penal o que prohíban o excluyan el de discrecionalidad en su ejercicio47. Este principio encuentra su pilar en la necesidad de colaboración que debe existir entre los miembros de una sociedad para llegar a un desarrollo competitivo … La legalidad procesal fijará entonces el cauce que la acción penal debe transitar a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional definitivo, pero no por un específico procedimiento, ni siquiera por el procedimiento ordinario con sus habituales fases de instrucción o investigación, intermedia o preliminar, y de juicio, pues si la ley procesal ordena omitir alguna de estas fases bajo determinados supuestos, como la audiencia preliminar en el giudizio direttissimo italiano, o la de juicio oral en el procedimiento sumario portugués, en ambos casos el fiscal habrá cumplido con el ejercicio obligatorio de la acción penal. cit., p. 89, que también llama a este principio de legalidad, lo define como el deber de realizar las investigaciones cuando existe la sospecha de que se ha cometido un hecho punible y, por otra parte, de formular la acusación cuando después de las investigaciones sigue existiendo esa sospecha vehemente. Davis, K.C., Discretionary Justice. cit., pp. Para este autor, ídem pp. Los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. 166). Soto P., M., "Ministerio Público y Política Criminal", en AAVV, El Ministerio Público para una nueva justicia criminal, Fundación Paz Ciudadana, Escuela de Derecho Universidad Diego Portales, Corporación de Promoción Universitaria, Santiago, 1994, pp. Ello implica que el órgano debe optar entre elementos igualmente justos o equivalentes; Pierry, ob. Centro de Estudios Areces s.a., Madrid, 1999, p. 191, explica que la acción comprende tanto el poder de provocar el inicio del proceso como "el de que se mantenga vivo a fin de ser y actuar como parte acusadora". Centro de Estudios Areces S.A., Madrid, 1999. II Congreso de Derecho Procesal de Castilla y León, Ministerio de Justicia, Madrid, 1989, p. 314, indica que al venir dados por el legislador todos los criterios para seleccionar las conductas en la aplicación de la norma penal, normalmente a través de conceptos jurídicos indeterminados, no nos encontraríamos ante un principio de oportunidad, sino ante un principio de selección reglada. Por obligatoriedad de la acción penal entendemos el deber del MP de iniciar, sostener y perseverar en la persecución penal de todo delito del cual tome conocimiento, sin que pueda suspenderla, interrumpirla o hacerla cesar a su discreción. 143-145 y ss., distingue la discrecionalidad administrativa o pura de la discrecionalidad de carácter supletorio o complementario. 10. Zalaquett, J. y Nash, C., "Proceso Penal y Derechos Humanos", en Revista de derecho procesal, Dept. Aguilera, D., "La participación de la víctima en la persecución penal oficial. 9. Ya superada dicha primera barrera, corresponde calificar la legitimidad de la causa de la diferencia de trato y la legitimidad de la finalidad perseguida; para posteriormente llegar a la coherencia de ellas con los medios utilizados, y finalmente arribar al resultado buscado por el legislador", STC Rol N° 986-07 de 30.01.2008 (cons. 2a ed., Bosch, Barcelona, 1989, pp. XXXVII, 2° sem. Fernández, M.Á. Por su lado, Langbein, J., "Controlling Prosecutorial Discretion in Germany" en The University of Chicago Law Review, vol. 241 CPP), que autorizan nada más que la suspensión o abandono de la acción penal50. Cómo proceder cuando se desea vender o traspasar una compañía, Incapacidad laboral en contratos por prestación de servicios, Implicaciones y retos del Acuerdo de Escazú. Rosett, A., "Discretion, Severity and Legality in Criminal Justice", en S. Cal. Este principio quiere decir que todas las personas tienen el derecho a un SEGURO GENERAL OBLIGATORIO, debido a las prestaciones de servicios que ha hecho el trabajador a lo largo de su vida dentro de una empresa ya sea pública o privada, y … Zalaquett, J. y Nash, C., "Proceso Penal y Derechos Humanos", en Revista de derecho procesal, Depto. 53 cfr. 290-291, complementa que la conexión entre el principio de oportunidad y el ejercicio de la acción penal ha hecho actualmente más que contraponer el principio de oportunidad al de legalidad, se diga que realmente a lo que se contrapone el uso de la oportunidad por el MP es al principio de obligatoriedad de la acusación.
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