Elementos del acto administrativo 2.1. En numerosos fallos, nuestro máximo tribunal estima que no corresponde formalizar un recurso invocando normas que no hayan sido objeto de la controversia, argumentando infracción al principio de bilateralidad de la audiencia: Vecinos Unidad Municipal de Providencia contra Municipalidad de Providencia (2017). La segunda tesis, más restrictiva, entendía que el acto administrativo materia de la revisión no solo constituía un presupuesto procesal, sino además marcaba los límites de las pretensiones, alegaciones y prueba que puede hacer valer el impugnante en sede judicial. Recuperado de https://bit.ly/2CHTs6c El ciudadano que quiere obtener una respuesta estatal favorable a sus intereses queda sujeto a una serie de cargas, dentro de las cuales se encuentra la de probar el o los hechos que justifican los motivos de su impugnación. Resulta interesante exponer aquí la tesis de Medina Alcoz (2016a, p. 273) en relación a la función que cumpliría el interés legítimo en el ámbito administrativo. La prueba en el procedimiento administrativo (3a ed.). Recuperado de https://bit.ly/2YWddzx El segundo problema se relaciona con la posibilidad de incorporar hechos nuevos o de nueva noticia en la etapa judicial. The following question is analyzed: To what extent are the legal positions, claims, evidence and allegations that the citizen makes in the administrative body and the mandatory and binding in the judicial stage? La distinción entre deberes concretos y potestades discrecionales resulta relevante en el marco de la determinación de la ilegalidad de la omisión. Cizur Menor: Aranzadi. y Moderne, 1993). En segundo lugar, me parece que los vicios de orden público deben identificarse y corresponder a los denominados “vicios esenciales del procedimiento”, es decir, aquellos que se refrieren a un requisito esencial del acto o procedimiento administrativo y generen un perjuicio al interesado (Ley N° 19.880, 2003, art. Una perspectiva en el Derecho comparado de Colombia y España / Marco Emilio Sánchez Ace-vedo.— Bogotá : Universidad Católica de Colombia, 2014 166 p.; 17 x 24 cm— (Colección Jus Público) ISBN: 978-958-8465-57-9 1. Por ello se dice que las causales de nulidad absoluta del acto jurídico son de orden público. Actos Administrativos (3) - Free download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free. [ Links ], Pedro Pablo Díaz Cordero y otros contra Alcalde de la I. Municipalidad de Chillán, Rol N° 100-2009 (Corte Suprema 17 de diciembre de 2010). Recuperado de https://bit.ly/2ZJnVsg Por eso, las dudas se instalan cada vez que se trata de interpretar estas reglas procesales en los contextos de los litigios administrativos. ); Barrero Rodríguez (2006, pp. 29 in. De esta forma, el DFL1 (2006, art. La lógica que estaba detrás, es que la Administración debe tener la oportunidad de pronunciarse sobre todos los aspectos de la reclamación judicial, pues de lo contrario no habría propiamente una revisión si se pudiesen plantear pretensiones, argumentaciones o cuestiones nuevas en sede jurisdiccional. Es claro que estas disposiciones vienen a morigerar los efectos de un régimen rígido de preclusiones en lo relativo a las alegaciones de hechos, con el objetivo de asegurar una verdadera justicia material que exige que las controversias sean resueltas, en lo posible, con absoluta conexión con la realidad (Garberí Llobregat y Buitrón Ramírez, 2004, p. 259; véase además; Picó i Junoy 2006, pp. 2.3.7. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Lecciones de derecho administrativo. • Actos administrativos individuales, dirigidos a una sola persona. 54), puede extrapolarse como argumento general. Revisaré a continuación algunos de esos casos: 2.1.1. La posibilidad que la ley confiere a la contraparte para poder alegar hechos nuevos o de nueva noticia, busca mantener el carácter dialéctico del juicio y permite materializar el derecho de defensa, que se vería gravemente vulnerado de impedir alegar hechos que privan o destruyan el efecto de los alegados. No es menos cierto, que estas restricciones a la prueba tienen una justificación desde el principio de legalidad que debe observar y actuar la Administración (Constitución Política de la República de Chile, arts. En líneas gruesas puede decirse que un acto es ilegal cuando su contenido se aparta del ordenamiento jurídico. Recuperado de https://bit.ly/2AKIJY8 El derecho a la prueba en el proceso civil. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 29 de mayo de 2003. Contencioso administrativo ambiental. Esa pretensión tiene un sentido específico: analizar las relaciones, vinculaciones o conexiones entre procedimiento administrativo y proceso jurisdiccional. El mejor temario de Administrativo del Estado: beneficios y ventajas del Temario OpositaTest. El debido proceso en el orden de la justicia administrativa supone reconocer a todos los ciudadanos la posibilidad de aportar prueba (Bordalí Salamanca, 2005, p. 379; Tarullo, 2004, pp. 2.1. En esta tarea de concreción del espacio de creación normativa, pueden existir desajustes entre aquellos hechos que el ciudadano estima que constituye el ejercicio correcto de la potestad discrecional y los que la Administración define para concretar su espacio de creación. En efecto, el derecho a probar constituye una emanación del derecho a la defensa jurídica, y en último término, es un componente esencial del justo y racional procedimiento (Constitución Política de República de Chile, 2005, art. (2a ed., Vol. La ausencia de una regulación general de los conflictos entre la Administración y los ciudadanos, así como la proliferación del recurso de protección como mecanismo desformalizado de control, pueden ser dos causas que explican los elevados niveles de incerteza que tienen las reglas procesales aplicables a estos procesos. Derecho administrativo sancionador. [ Links ], Lara Arroyo, J. L. y García-Huidobro Herrera, L. (2015). [ Links ], José Horacio Cayún Quiroz con Servicio de Evaluación Ambiental, Rol N° 100805-2016 (Corte Suprema 29 de diciembre de 2017). En segundo lugar, la Ley N° 19.880 (2003, art. La justicia administrativa . - Ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía, a través de la autoridad regularmente … Esto excluye a los hechos aceptados por la Administración o el interesado, existiendo, por tal motivo, una fuerte congruencia entre ambas etapas. WebVICIOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. [ Links ], Romero Seguel, A. El reclamo de ilegalidad municipal, atendido su doble naturaleza administrativa y jurisdiccional, constituye una buena fuente de reflexión acerca de la congruencia que resulta exigible entre procedimiento administrativo y proceso judicial. En este caso, la ausencia de una contradicción no genera indefensión, pues el tribunal deberá siempre aplicar esas disposiciones más allá si ha existido contradicción. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Santiago: Thomson Reuters . Artículo 9.- El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. [ Links ], Ley N° 20.600. [ Links ], Taruffo, M. (2009). 7La jurisprudencia ha tenido una posición bastante prudente en relación a la vinculación del órgano jurisdiccional a los planteamientos jurídicos esgrimidos por las partes. Scribd is the world's largest social reading and publishing site. Véase también. DG-URH-2013-1528 y anexos (fs.2-29) de fecha 14 noviembre del 2013; b) En el sumario administrativo No. (Hunter Ampuero, 2015b, p. 234), por eso la doctrina ha señalado que “la aportación de nuevas pruebas y documentos no incorporados en la vía administrativa previa, no violenta la naturaleza revisora que caracteriza el orden jurisdiccional”. Recuperado de https://bit.ly/3hbkQZo sڱ�� Lo anterior implicaría -resume esta tesis- una sustitución de la actividad administrativa previa. 11Es necesario advertir que tratándose de la impugnación de actos municipales se produce un fenómeno bastante discutible. [ Links ], Inversiones Juana de Arco Limitada con I. Municipalidad de Viña del Mar, Rol N° 1411-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 5 de mayo de 2010). [ Links ], Inversiones Los Castaños Limitada con Alcalde de la I. Municipalidad de La Florida, Rol N° 7346-2009 (Corte de Apelaciones de Santiago 27 de abril de 2010). [ Links ], Inversiones e Inmobiliaria REVI Limitada con I. Municipalidad de Viña del Mar, Rol N° 1421-2009 (Corte de Apelaciones de Valparaíso 28 de octubre de 2010). En J. Barnes Vázquez (Coord.). procesales, relevantes: a) El 'Informe previo al sumario administrativo" de 18 de noviembre del 2013 (fs.30-31) que suscribe el Director Metropolitano de Recursos Humanos y dirigido al Administrador General, con base al Oficio No. En efecto, frente al principio de congruencia se erige otro principio: iura novit curia, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho, sin que ello afecte la causa de pedir. EnJ. En la medida que la jurisdicción puede revisar tanto el procedimiento administrativo, como el contenido sustantivo de la decisión (incluyendo la motivación del acto), la relación entre ambos no parece generar dudas. La primera, es que el objeto de la prueba en sede jurisdiccional estará constituido por los hechos que hayan sido controvertidos en la respectiva reclamación judicial, la que constituye el marco referencial al momento de fijar la disputa fáctica y probatoria. ��D��#�� T
A��뗟eqj�:{�像˲���q��a�y��;=��u_G�? 2.1.5. La doctrina más dura indica que el principio de igualdad se, …quiebra aparatosamente en los procesos administrativos o, en general, en los procesos en que es parte la Administración Pública (…) Es un hecho incuestionable que la Administración no aparece ante el Juez como una parte procesal en régimen de igualdad con el particular que ella se enfrenta. %���� Se produciría, en este caso, una suerte de “sustitución” de la decisión administrativa por la vía probatoria, desde que los tribunales de justicia actuarían en relación a información que no ha sido considerada por la Administración. [ Links ], Colegio Almondale Valle con Superintendencia de Educación, Rol N° 7037-2016, (Corte Suprema 22 de febrero de 2016). Esto tiene algunas repercusiones en materia probatoria. Este requerimiento no está expresamente establecido, pero puede desprenderse de la parte final del DFL 1 (2006, art. [ Links ], Cordero Quinzacara, E. (2013). Terminación unilateral del contrato de concesión municipal y reclamo de ilegalidad (Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades). 83-122). Recuperado de https://bit.ly/2ZDuf4R Cuestiones sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo español. XII, “La licitación pública,” § 3.1.4, No es necesario que estos motivos nuevos hayan sido planteados en sede administrativa. Por ende, aquí debería operar una total congruencia entre el procedimiento administrativo y el proceso jurisdiccional, desde que los hechos relevantes serán aquellos que seleccione la Administración para complementar y concretar el supuesto de hecho inexistente o inacabado, y mediante los cuales realizar una ponderación de los intereses en juego. Por ende, la nulidad del acto administrativo derivado de la ausencia de un material probatorio que debió producirse en la etapa administrativa posterga, definitiva o temporalmente, la satisfacción de esa necesidad pública. Esto remarca el carácter epistémico que tiene el procedimiento administrativo, desde que la desformalización y amplias potestades de los interesados la configuran como instancia ideal para la recopilación de información. 14Con mucha referencia jurisprudencial del derecho español. La problemática resuelta constituye un aspecto ampliamente debatido en el Derecho Comparado, especialmente en el Derecho Español, que a partir de la Ley de Jurisdicción contencioso-administrativa de 1956 fue discutiendo acerca del carácter revisor de la jurisdicción contencioso administrativa (véase Fernández Torres, 1998, pp. [ Links ], Hunter Ampuero, I. No puede haber una omisión ilegal sin requerimiento del ciudadano al órgano administrativo4. La ilegalidad de un acto tiene un carácter complejo. Diritto e questioni pubbliche, (10), 121-134. 3° del TUO de la Ley 27444, se tiene a la motivación como requisito de validez de todo acto administrativo, debe estar conforme al ordenamiento jurídico y en proporción al contenido dictado en él. Así entonces, la Administración puede quedar obligada a realizar una prestación material como también a dictar un acto administrativo en un determinado sentido, como formas de restablecer plenamente la situación jurídica del administrado. Analisis e diritto, (9), 119-151. 382 y ss.). Open navigation menu. Se trata de espacios de decisión (ponderación de intereses) que el legislador ha radicado exclusivamente en la Administración, y que por tal motivo no puede ser sustituido por la jurisdicción. Valencia: Tirant lo Blanch . Así parece además haberse resuelto por alguna sentencia, esta postura, derivado del carácter formalista que se le ha dado al reclamo, es la que sostiene la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en sentencia de 18 de agosto de 2010, Sociedad de Inversión Pizarro Limitada con Ilustre Municipalidad de Valparaíso (2010, cons. En España, la cuestión acerca si la denegación de la prueba puede servir como motivo para anular la decisión administrativa, ha sido objeto de innumerables pronunciamientos jurisprudenciales. Espíritu jurídico. [ Links ], Fernández Torres, J. R. (1998). Recuperado de https://bit.ly/2VMg1xa Por otro lado, también entiendo que en el contencioso administrativo no solo existe un interés privado del que recurre. El problema es otro: cuál es el alcance y contenido de esas vinculaciones desde una perspectiva procesal. Estudios de justicia administrativa (2ª ed.). Es posible que el legislador cree incentivos a la producción de la prueba en sede administrativa con la finalidad de que se logre la mejor decisión posible, disminuyendo los márgenes de error en la determinación y apreciación de los hechos. De igual forma se lee en fallo de la Corte Suprema del 11 de mayo de 2009, “Gerardus Petrus van Eijck con Ilustre Municipalidad de Santiago”. Recuperado de https://vlex.cl id: 339896814 Ello puede generar un grado de indefensión procesal, pero que es natural en toda resolución judicial que resuelve una controversia con base a sus propios argumentos. A. En este sentido es la fase administrativa donde el ciudadano debe proponer y practicar toda la prueba que estime necesaria para establecer la verdad de los hechos (Barrero Rodríguez, 2006, p. 382 y ss.)14. nulidad del acto, a todos los demás que los reproduzcan o confirmen, no tiene tampoco una regulación precisa en nuestra legislación. Boletín Oficial del Estado, Madrid, España, 14 de julio de 1998. Revista española de derecho administrativo, (177), 103-158. Esas relaciones, no son claras si nos preguntamos si las actuaciones y/o posiciones jurídicas que asumen los interesados o la Administración en el procedimiento administrativo que dio origen al acto que es el objeto de impugnación, tienen alguna consecuencia en el sentido y alcance de la interpretación de las reglas procesales. ARTÍCULO 22A..
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