[ Links ], O´Donnell, Daniel (2007): Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Comencemos por recordar que la vía es la forma, plazos y términos en que un juicio debe ser llevado a cabo. Ambos sujetos fueron aprehendidos en flagrancia y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para ser puestos a disposición del Ministerio Público. Esta última afirmación es evidentemente discutible, pero su análisis excede los objetivos de la presente investigación. En todo caso, el Tribunal Constitucional chileno se ha encargado de completar estas exigencias al sostener que todo juzgamiento debe proceder de un órgano independiente e imparcial33. Esta investigación se incardina precisamente en aquella órbita de dificultades, pero limitándose a los procedimientos administrativos disciplinarios de general aplicación, esto es, el sumario administrativo y la investigación sumaria contemplados en la Ley Nº 18.834. Sólo una vez que los procesos disciplinarios se encuentran totalmente tramitados, los documentos que les sirvan de sustento pierden la connotación de secretos y les resulta aplicable el principio de publicidad, pudiendo los interesados acceder al mismo. Ahora bien, conviene destacar que lo esencial en el derecho al juez equitativo es que el juzgador cuente con las cualidades de independencia e imparcialidad, las que por cierto no deben ser confundidas34. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tibi c. Ecuador (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 7 de septiembre de 2004. [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. “Como Ministerio Público se colectó las pruebas contundentes El Derecho internacional de los derechos humanos establece un conjunto de exigencias para estar en presencia de un debido proceso. Pues bien, como llegue a indicarte en un video anterior, la vía es un presupuesto procesal es decir independiente a que el demandado haga valer esta excepción, el juzgador debe estudiar su procedencia, esto puede incluso suceder en cualquier … Siguiendo a BordalÃ, son todos aquellos derechos del ámbito procesal, excluidos los que constituyen el derecho a la tutela judicial23. Para asegurar esta independencia son necesarios, en palabras de la Corte Interamericana, resguardos como un adecuado proceso de nombramiento, una duración establecida en el cargo y una garantÃa contra presiones externas40. En el relatado contexto el fiscal y el investigador aparecen dotados de amplias facultades para realizar la investigación y generar pruebas incriminatorias76, y con conocimiento exclusivo de los antecedentes de la misma gracias al secreto del sumario77. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la Corte de Apelaciones de Talca respecto del artÃculo 237 del D.F.L. De este modo, aquellas exigencias del debido proceso son aplicables a los procedimientos disciplinarios e, incluso, al seguido en contra de un funcionario del Poder Judicial16. . Disponible en: Disponible en: http://www.google.cl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiDm-3Q1IzNAhXJdj4KHVn0BVMQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2FDocuments%2FPublications%2FSDecisionsVol4sp.pdf&usg=AFQjCNENS4R2vaimcy-8Nov7qRqO2P2FCA 70La Ley Nº 18.834, de 1989 utiliza la expresión inculpado para referirse al afectado por el procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el artÃculo 120 relativo a la investigación sumaria y en el artÃculo 126 en relación con el sumario administrativo. En efecto, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, inicialmente consideraba sólo los tres primeros elementos mencionados en el texto principal. Es efectivo que respetan los derechos fundamentales a un juzgador establecido por ley, con anterioridad a los hechos que ha de enjuiciar y legalmente competente. Jurisprudencia administrativa chilena, ContralorÃa General de la República, dictamen 86.579, de 30 de noviembre de 2016. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 77.189, de 25 de noviembre de 2013. De un lado, el derecho al tiempo y a los medios necesarios para preparar la defensa86. Menos satisfactoria es la situación del juzgador respecto de la independencia y de la imparcialidad, como se verá de inmediato44. En efecto, y en cuanto a la primera, las jefaturas más arriba mencionadas no cuentan con resguardos que puedan asegurar la no interferencia de terceros en la decisión del procedimiento administrativo disciplinario. (el) informe policial de acción directa, entre otros, fueron valorados por la Entenderlo de otra manera importarÃa limitar indebidamente el alcance del derecho a la igualdad procesal de las partes. 24Esta enumeración resulta coincidente con el criterio sostenido por Bordalà que se expresa en la nota al pie anterior. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000200018 No obstante, precisó, dicha imparcialidad no se pierde por el solo hecho de formular los cargos o de proponer la sanción aplicable. [Visitado el: 13 de junio de 2016]. 257-274, pues incluyen en el debido proceso el derecho a la revisión judicial por un tribunal superior, y excluyen los derechos a ser enjuiciado sin dilaciones indebidas y a la publicidad de los actos jurisdiccionales, los que ubican en el derecho a la tutela judicial. [ Links ], Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por MarÃa Isabel Reyes Kokisch en contra del Auto Acordado Relativo al Procedimiento a Utilizarse para hacer Efectiva la Responsabilidad Disciplinaria de los Funcionarios y Empleados Judiciales, dictado el 13 de octubre de 1995 por la Corte de Apelaciones de Santiago y publicado en el Diario Oficial de 17 de noviembre de 1995 (2007): Tribunal Constitucional, 31 de agosto de 2007 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 783-2007). El Tribunal Constitucional chileno, por su parte, de manera inexacta ha vinculado el derecho a la defensa al principio de igualdad procesal de las partes, en su vertiente de bilateralidad de la audiencia91. [ Links ], Juan Acuña Torres y otro (2014): Corte de Apelaciones de Chillán, 30 de octubre de 2014 (acción de protección). [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 24.733, de 21 de abril de 2011. [Visitado el: 15 de agosto de 2016]. 135Justificando esta interpretación, la Corte Interamericana en el caso Apitz Barbera y otros (âCorte Primera de lo Contencioso Administrativoâ) c. Venezuela (2008), considerando 78, precisa que âla motivación demuestra a las partes que éstas han sido oÃdas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superioresâ. En definitiva, los procedimientos administrativos disciplinarios deben respetar el derecho fundamental al debido proceso por exigirlo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y expresas normas chilenas de jerarquÃa legal22. 20 años de la Constitución chilena. 181-187. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (âCorte Primera de lo Contencioso Administrativoâ) c. Venezuela (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), sentencia de 5 de agosto de 2008. 25Como explica O´Donnell (2007), p. 375, âel vocablo juez natural es empleado como sinónimo de tribunal competenteâ. Esta escasa regulación normativa del principio de imparcialidad no es suficiente. 59En palabras de O´Donnell (2007), p. 428: âEl principio de igualdad se aplica no sólo al desarrollo de los procesos, sino también al acceso a la justiciaâ. 1.2. [Visitado el: 26 de septiembre de 2016]. Sin perjuicio de lo recién indicado, conviene advertir que el funcionario inculpado carece de importantes derechos asociados al derecho fundamental a la defensa. En cuanto órgano encargado de investigar y de acusar a partir de los resultados de la instrucción, en algún grado le son aplicables las crÃticas dirigidas al juez del sistema inquisitivo y que fueron profusamente analizadas en la época en que se debatÃa la implementación de la actual justicia penal oral81. Jurisprudencia internacional y extranjera, Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007): Observación general Nº 32, El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. [ Links ], 5.4. Disponible en: Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501999000100006&script=sci_arttext Al respecto ver Tribunal Constitucional de Chile, rol 2029-2011, sentencia de 8 de enero de 2013, considerando trigésimo segundo. El apartado inicial se hace cargo de la primera de las preguntas planteadas, ofreciendo las razones por las que las exigencias del derecho fundamental al debido proceso resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. [ Links ], BenÃtez RamÃrez, Eugenio, (2007): âReflexiones en torno a la propuesta de reforma al procedimiento civil chileno: II. 6. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Juan Pablo Castro Torres respecto del artÃculo 1° de la Ley Nº 19.989, en los autos rol Nº 6804-2009, sobre recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la TesorerÃa General de la República y del Administrador del Fondo de Crédito Universitario de la Universidad de Chile (2009): Tribunal Constitucional, sentencia 28 de octubre de 2010 (requerimiento de inaplicabilidad, rol Nº 1393-2009). Ese conjunto de derechos de incidencia orgánica y procedimental constituyen las exigencias de lo que genéricamente se denomina proceso equitativo en el Convenio Europeo3, proceso con todas las garantÃas en la Constitución española4, debido proceso legal en la Constitución de Estados Unidos de América5, proceso justo en la tradición constitucional alemana6 y proceso racional y justo en la Constitución chilena7. Por una parte, se precisa el contenido de cada uno de ellos, a partir de lo establecido en el Derecho internacional y en el Derecho constitucional chileno. Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 29. Contenido del derecho fundamental al juzgador equitativo. En cuanto al derecho a la defensa letrada, el Pacto y la Convención Americana coinciden en otorgar tres derechos de libertad a toda persona acusada de delito: a ser asistido por un defensor de su confianza, a comunicarse libre y privadamente con él y, como alternativa, a defenderse por sà mismo93. Biografía de Gustavo Adolfo Bécquer Bécquer: la poesía hecha palabra. [Visitado el: 29 de junio de 2016]. 137Caso Apitz Barbera y otros (âCorte Primera de lo Contencioso Administrativoâ) c. Venezuela (2008), considerando 78. . . 5Quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América. Al respecto ver, por ejemplo, Corte Interamericana, caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 123. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Curauma S.A. respecto del inciso primero del artÃculo 126 del Código de Procedimiento Civil, en los autos sobre recurso de hecho, de que conoce la Corte Suprema bajo el rol Nº 27.764-2016 (2016): Tribunal Constitucional de Chile, 6 de junio de 2016 (requerimiento de inaplicabilidad, rol 3067-2016). Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=3068 El derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable en los procedimientos disciplinarios. La monarquía constitucional francesa hace referencia al sistema de gobierno instaurado en Francia en 1792. Ninguna de estas tres limitaciones, que intentan equilibrar el éxito de la investigación con el derecho a la publicidad del proceso para el afectado, encuentran acogida en el ámbito administrativo disciplinario. De otro lado, el derecho a la asistencia letrada87. Según la relación de los hechos, el 5 de enero de 2023, se pudo evidenciar a través de redes sociales, la comercialización de los objetos pertenecientes a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, por lo que se inició operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía y se logró encontrar a ambos sujetos en flagrancia comercializando los equipos. 119ArtÃculo 130, inciso primero, de la Ley Nº 18.834, de 1989. [ Links ], Obando Herrera, Sandra (1999): âEl sistema acusatorio y el proyecto de reforma procesal penalâ, en: Revista de Derecho, Universidad de Valdivia (vol. . [ Links ], Bordalà Salamanca, Andrés (2009): âEl derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial en el ordenamiento jurÃdico chilenoâ, en: Revista de Derecho, Pontificia Universidad Católica de ValparaÃso (Nº XXXIII, segundo semestre de 2009), pp. [Visitado el: 6 de octubre de 2007]. En efecto, se trata de autoridades que carecen de un adecuado proceso de nombramiento, de una duración establecida en el cargo y de una garantÃa contra presiones externas. [ Links ], Satta, Salvatore (1971): Manual de Derecho procesal civil (Buenos Aires, Ediciones JurÃdicas Europa-América). 128La ContralorÃa General de la República también ha rechazado aplicar el decaimiento del acto administrativo, aunque hayan transcurrido muchos años desde el inicio del procedimiento disciplinario sin que se hubiere resuelto el caso. De esta manera, y con el objeto de dar cumplimiento al principio de contradictoriedad en el marco del procedimiento administrativo, el inculpado tiene derecho a presenciar, asistido por su abogado, las declaraciones de testigos verificadas en el término probatorio del procesoâ. La Paz, 27 de diciembre de 2022 (ANF).- A casi dos años del anuncio de la mentada reforma judicial en Bolivia, organizaciones de víctimas del sistema penal y activistas no advierten cambios en favor de la población litigante, por el contrario, observan falta de capacidad de los funcionarios y el aumento generalizado de la impunidad y la corrupción. 643-686. Especial), pp. En definitiva, ser enjuiciado en un plazo razonable constituye un derecho fundamental relativo a las circunstancias del caso, de modo que no se puede resolver en abstracto si han existido dilaciones indebidas. 125Expresa el Comité de Derechos Humanos (2007), Observación General Nº 32, párrafo 35: âLo que es razonable deberá evaluarse en las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta principalmente la complejidad del caso, la conducta del acusado y la manera como las autoridades administrativas y judiciales hayan abordado el asuntoâ. . [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 22.655, de 13 de abril de 2011. Esto significa, a lo menos, que la legislación nacional debe ser interpretada y aplicada de conformidad con las normas de la Convención Americana y con la interpretación que la Corte Interamericana ha hecho de las mismas. Esto significa que dentro del mismo plazo debe tomar noticia de los medios de prueba que obran en su contra para preparar su defensa. La posición del Comité de Derechos Humanos no puede, sin embargo, ser aplicada en el orden interno. Por su parte la ContralorÃa ha dictaminado que el acto administrativo que pone término al sumario se encontrará fundado, siempre que las razones que lo motivan -que deben explicitarse en el instrumento correspondiente-, sean de carácter objetivo, atingentes a la situación investigada, de acuerdo al mérito de los antecedentes del proceso y, en fin, ajustadas a derecho141. En efecto, el inculpado es aquel funcionario que aparece involucrado en los hechos y que puede ser responsable administrativamente de eventuales infracciones disciplinarias70. 53La Declaración Universal en su artÃculo 10, dispone: âToda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oÃdaâ por un tribunal. Doctor en Derecho Universidad Carlos III de Madrid, España. 55ArtÃculo 19, número 3, inciso primero de la Constitución chilena. No obstante, por aplicación supletoria del inciso tercero del artÃculo 10 de la Ley Nº 19.880 puede actuar con dicha asistencia cualquiera sea la calidad en que se solicite su declaración101. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=729 De otro lado, la regulación vigente dificulta severamente que el inculpado cuente con el tiempo y los medios necesarios para su defensa. 16Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero. Por una parte, el tiempo que se otorga al inculpado para acceder a los medios de prueba que obran en su contra y, en su caso, defenderse de ellos, es de dos dÃas en el caso de la investigación sumaria103 y de cinco dÃas en el caso del sumario administrativo104. Sin embargo es preciso advertir inmediatamente que, desde el enfoque de Leibniz, incluso Dios mismo se encuentra ligado a la “racionalidad” del derecho natural (con lo que la afirmación precedente se inscribe en un registro iusracionalista … 1Académico de la Facultad de Ciencias JurÃdicas de la Universidad Católica de Temuco, Chile. En efecto, interpretando el artÃculo 14.1 del Pacto, ha sostenido que âLa publicidad de las audiencias asegura la transparencia de las actuaciones y constituye asà una importante garantÃa que va en interés de la persona y de la sociedad en su conjuntoâ113. poder objetos robados de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz; los aprendidos 1) Los procedimientos administrativos disciplinarios infringen los aspectos más esenciales del juez equitativo. [ Links ], Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969). 102ContralorÃa General de la República, dictamen Nº 24.733, de 21 de abril de 2011. Agregó que la exequibilidad condicionada y no la mera inexequibilidad, también implica salvaguardar los derechos de los menores de edad, porque la mera inexequibilidad generaría un vacío ante el cual los alimentos se podrían imponer desde que se causen o desde que el juez declare la existencia de la obligación, en contradicción con los derechos de esta población. [Visitado el: 20 de junio de 2017]. El problema, más bien, se vincula con la legitimidad de la sanción estatal. 51AsÃ, por ejemplo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta, rol Nº 59-2013, sentencia de 23 de abril de 2013, considerando quinto, confirmada por la Corte Suprema en causa rol Nº 3292-2013, de 5 de junio de 2013, ha sostenido que carece de imparcialidad el Alcalde que aplica la sanción de destitución, si dos dÃas antes de las elecciones municipales y cuarenta y cinco dÃas antes de asumir el cargo habÃa anunciado la aplicación de esta medida en contra del funcionario afectado. El ser humano desarrolla estos valores a lo largo de su … Según se expresó al inicio de este trabajo, la expresión âracional y justo procedimientoâ es la fórmula elegida por la Constitución chilena para aludir al derecho al debido proceso18. 611-637. [ Links ], Maier, Julio B. J. Esta distinción, bastante evidente por lo demás, permite, por ejemplo, que se otorgue publicidad a los actos del proceso para quienes forman parte del mismo y se le niegue a terceros ajenos cuando asà lo recomiende el interés de la justicia114. Por último, es efectivo que el Tribunal Constitucional ha sostenido que âel hecho de que el investigador que formula cargos tenga asimismo la facultad de dirigir la producción de la prueba no repugna, por sà solo, la racionalidad o la justicia de un proceso o de la investigación que le precedeâ84. El derecho fundamental a la defensa puede resumirse, siguiendo la Declaración Universal, en que la persona cuente con todas las garantÃas necesarias para su defensa85. Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, esta mañana. 201-237. 14Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo primero. El asunto, según se ha anunciado, tiene una respuesta sencilla en el Derecho chileno, y de ahà su breve extensión. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos (1987): Opinión consultiva OC 9/87. Esto no significa exigir al juzgador que se pronuncie sobre todas las pretensiones deducidas, pues evidentemente podrá omitir aquellas que sean subsidiarias o incompatibles con las principales138. La presente investigación permite concluir que la regulación chilena de los procedimientos administrativos disciplinarios infringe severamente el derecho fundamental al debido proceso. La publicidad del proceso es un derecho fundamental expresamente reconocido en la Declaración Universal107, en el Pacto108 y en la Convención Americana109. Diario Oficial, 5 de diciembre de 1986. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 6364, de 1 de febrero de 2012. 8En palabras de Bermúdez (2014), p. 463, la responsabilidad administrativa es âla que tiene el empleado público, por el hecho de ser tal, y que surge por infracción a sus obligaciones y deberes funcionariosâ. 114La referencia al âinterés de la justiciaâ es el supuesto establecido en el artÃculo 8.5 de la Convención Americana para excepcionar la aplicación del principio de publicidad del proceso contenido en la misma disposición. Por otra parte, se analizan los procedimientos administrativos disciplinarios regulados en la Ley Nº 18.834, de 1989, en relación con cada una de las exigencias establecidas por el derecho fundamental al proceso debido. Resulta posible sostener que la Constitución chilena acoge el mismo derecho fundamental al otorgar a toda persona la igual protección en el ejercicio de sus derechos55. Correo electrónico: conseccor@cendoj.ramajudicial.gov.co www.ramajudicial.gov.co 132ContralorÃa General de la República, dictamen Nº 10.630, de 9 de febrero de 2015, en armonÃa con el artÃculo 143 de la Ley Nº 18.834, de 1989. operativos coordinados entre la Fiscalía y la Policía y se logró encontrar a [ Links ], Ley Nº 18.834, aprueba Estatuto Administrativo. 29El artÃculo 14 del Pacto se refiere a cuatro de las cinco exigencias mencionadas para el juez equitativo, al requerir âun tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la leyâ. La ContralorÃa General de la República mediante dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010, confirmó lo imperativo de esta norma al rechazar el reclamo deducido por un funcionario que alegó que la autoridad del servicio le habÃa negado entregarle información durante la sustanciación del proceso. Ahora bien, y en lo que centralmente interesa a efectos del presente trabajo, corresponde decir todavÃa algo más sobre el alcance del derecho a la publicidad respecto de quienes forman parte del proceso. En el párrafo 13 se complementa aquella idea al expresar que el derecho a la igualdad procesal garantiza, entre otros aspectos, âla igualdad de medios procesales. Desde un punto de vista histórico, el derecho fundamental a la independencia consiste en que el juzgador no sea influenciado o controlado por el gobierno al momento de resolver los casos sometidos a su decisión37. . Corresponde preguntarse a quiénes se aplica este derecho fundamental a la igualdad de medios procesales, es decir, quiénes son las partes. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32676.pdf Agrega, igualmente, que en el caso de la resolución que aplica una medida disciplinaria debe enunciar en forma precisa las infracciones por las cuales se le castiga y el modo en que se acredita la responsabilidad del funcionario en esos hechos142. 39La Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), número 2, ha declarado que la independencia judicial consiste en que los jueces deben resolver los asuntos que han de juzgar âsin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivoâ. La expresión âsentenciaâ, incluida en la misma disposición, alude a toda resolución que decide una controversia de relevancia jurÃdica14. El cuarto elemento fue incluido en el caso Valle Jaramillo y otros c. Colombia (2008), párrafo 155. . Teléfonos: 591-(2)2482040 - 591-(2)2495304 27Esta denominación deriva del artÃculo 19, número 3, inciso quinto, de la Constitución chilena (1980). No obstante, la Convención Americana las menciona todas30 y la Corte Interamericana ha sostenido que constituye un principio básico del proceso justo31. En general, resulta posible sostener que esos derechos fundamentales irradian sus efectos sobre la configuración y aplicación de todos los órganos y procedimientos a través de los cuales se ejerce jurisdicción. Derecho fundamental a una sentencia motivada, 6.1. 28El artÃculo 10 de la Declaración Universal alude únicamente a la independencia y a la imparcialidad del juzgador, que por cierto son las exigencias más importantes del juzgador equitativo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en adelante la Declaración Universal, por su parte, hace similar distinción en los artÃculos 10 y 1112. . En su virtud sólo pueden considerarse verdaderas pruebas aptas para desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia y fundar la declaración de culpabilidad las practicadas en el acto del juicio que se desarrolla ante el Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de modo oral, contradictorio y con inmediaciónâ. La ContralorÃa ha precisado que tal cuestión debe ser ponderada por la superioridad, quien determinará si ello amerita la instrucción de un nuevo procedimiento disciplinario133. En cuanto a la defensa técnica, el Estatuto Administrativo reconoce expresamente la posibilidad de efectuar la defensa del inculpado por medio de abogado. [ Links ], Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 37.728, de 29 de mayo de 2014. Contenido del derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable. Para efectos de este trabajo resulta pertinente centrarse únicamente en el segundo. . [ Links ], Taruffo, Michelle (2003): âAlgunas consideraciones sobre la relación entre prueba y verdadâ, en: Edición digital a partir de Discusiones: Prueba y conocimiento (2003, Nº 3), pp. 96Tribunal Constitucional de Chile, rol 1.001-2007, sentencia de 28 de enero de 2008, considerando décimo noveno. Adentrarse en la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer supone iniciar un viaje por un mundo de luces y sombras, donde al final lo que queda es la sensación de haber presenciado la historia de un hombre, que como tal, está sujeto a múltiples contradicciones. 10El artÃculo 8.1 de la Convención Americana extiende la aplicación de garantÃas judiciales a âla sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Aquel doble alcance del derecho fundamental a la publicidad ha sido expresamente reconocido por el Comité de Derechos Humanos. En efecto, âel procedimiento consiste en una investigación secreta (encuesta), cuyos resultados constan por escrito, en actas que, a la postre, constituirán el material sobre la base del cual se dictará el fallo75. Mediante este contraste se podrá evaluar la regulación ofrecida por el Derecho chileno, desde la perspectiva del respeto de los derechos que permiten configurar el proceso debido. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es 106Es efectivo que el Tribunal Constitucional, rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo noveno, ha sostenido que el plazo de cinco dÃas para presentar descargos y ofrecer prueba no es contrario al debido proceso. 17ArtÃculo 15, inciso segundo, de la Ley Nº 18.575, de 1986. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=1076 El derecho fundamental a la igualdad procesal de las partes, 2.1. Esta noción no es, sin embargo, del todo acertada desde el punto de vista del Derecho internacional de los derechos humanos. De un lado, se reconoce el derecho a la asistencia letrada, pero las posibilidades de intervención que se confieren al abogado restringen un efectivo ejercicio del mismo. Derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable, 5.1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. Portoviejo, también conocida como San Gregorio de Portoviejo, es una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Portoviejo y capital de la Provincia de Manabí, así como la segunda urbe más poblada de la misma.Se encuentra atravesada por el río Portoviejo, al centro de la región litoral del Ecuador, en una extensa llanura, a una altitud de 53 m s. n. m. y con un … [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (BBVA) respecto del inciso cuarto del artÃculo 171 del Código Tributario, en los autos sobre apelación de incidente, caratulados âServicio de TesorerÃa con Lynch Poblete, Angélica y otrosâ, rol Nº 2119-2011, de la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual casación en la forma y en el fondo para ante la Corte Suprema (2013): Tribunal Constitucional de Chile, 2 de mayo de 2013 (acción de inaplicabilidad, rol Nº 2259-2012). Sin perjuicio de ello, resulta conveniente recordar que el Tribunal Constitucional chileno en la causa rol 783-2007, sentencia de 31 de agosto de 2007, considerando décimo tercero, ha sostenido que al investigador o al fiscal de un sumario administrativo también se le debe exigir imparcialidad. No obstante, el Tribunal Constitucional le ha otorgado carácter iusfundamental al sostener que forma parte del derecho fundamental a un procedimiento racional y justo123. . La cuestión, por cierto, no consiste en rechazar la aplicación de medidas disciplinarias a quien incumple sus deberes funcionarios. [Visitado el: 22 de septiembre de 2016]. [ Links ], Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). De acuerdo con lo que se viene diciendo, el trabajo pretende responder dos preguntas. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 72.396, de 10 de septiembre de 2015. A Due Process of Law Fundamental Right infringing regulation. 69Más allá de la confusión del Tribunal Constitucional chileno entre el derecho a la defensa y el principio de contradicción, lo relevante es que el máximo intérprete de la Constitución entiende lesionado un elemento esencial del debido proceso si el acto administrativo que afecta al funcionario público se ha generado sin posibilidad de contradicción por parte de este último. De hecho el Comité de Derechos Humanos se ha referido especÃficamente a las mismas al declarar, con acierto, que âel derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede ser objeto de excepción algunaâ36. Disponible en: Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372011000200009 77ArtÃculo 131, inciso segundo, de la Ley Nº 18.834, de1989. [ Links ], Código Procesal Penal de Chile, Ley Nº 19.696. [Visitado el: 13 de noviembre de 2014]. Lo expresado permite afirmar que los procedimientos administrativos disciplinarios no responden al modelo acusatorio73, sino que se asemejan al procedimiento inquisitivo74. Resoluciones 40/32, del 29 de noviembre de 1985 y 40/146. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_35_esp.doc De nuevo surge la contradicción de que son los votantes de Podemos quienes más respaldan al presidente. El derecho fundamental a una sentencia motivada en los procedimientos disciplinarios. Este convencimiento lo arrastra insensiblemente, y aún sin que él lo sospeche, no sólo a encaminar la investigación por el sendero que se ha trazado a fin de comprobar los hechos que cree verdaderos, sino también a fallar en definitiva conforme a lo que su convicción Ãntima le viene dictando desde la instrucción del sumarioâ (Código de Procedimiento Penal de Chile, mensaje presidencial del 31 de diciembre de 1894). . De esta manera, implÃcitamente exige una motivación tanto en cuanto a los hechos como respecto del Derecho. 26GarcÃa y Contreras (2013), p. 258, prefieren la expresión âjuez predeterminado por ley, por considerar que la expresión juez natural y ordinario pueden generar ambigüedad respecto a que lo natural importarÃa contar con jueces vinculados a un cierto arraigo territorial o que lo ordinario impida la constitución de justicia especializadaâ. Contenido del derecho fundamental a la publicidad del proceso. Sin embargo, estos plazos no son fatales, atendida su finalidad, que es el logro de un buen orden administrativo para el cumplimiento de las funciones o potestades de los órganos públicos. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 4.571, de 21 de abril de 2011. Recibido: 21-48, Oficina 801, Tel 8879650, Ext: 11320 – 11322. [ Links ], Constitución de los Estados Unidos de América (1787). . 1981-2001 (Santiago de Chile, ConoSur), pp. . El Pacto agrega el derecho a ser informado del derecho a contar con asistencia letrada94. Por cierto, también es posible emprender esta tarea con la idea de solidaridad y retroceder así varios siglos 12.No obstante, por ahora interesa solamente volver a revisar el nexo entre libertad y solidaridad en el contexto originario del … En el tercer y último apartado se ofrecen las conclusiones, en las que se evidencia que, pese a ciertos aportes de la Ley Nº 19.880, los mencionados procedimientos administrativos disciplinarios se encuentran todavÃa muy lejos de las exigencias que derivan del derecho fundamental al debido proceso. 2) El derecho fundamental a la igualdad de las partes se encuentra abiertamente infringido por la regulación establecida por los procedimientos administrativos disciplinarios. En similar sentido, López (1987), p. 48, afirma que el principio de bilateralidad de la audiencia consiste en âque se dé oportunidad a la contraparte para que desvirtúe los hechosâ. De un lado, este principio se aplica a las personas que integran el órgano encargado de enjuiciar y no al órgano mismo49, pese al interés público que le corresponde perseguir. [ Links ], Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolÃticos (1966). En efecto, tal jurisprudencia no se opone a lo señalado porque las pruebas se han producido durante la etapa de investigación, sin presencia del funcionario inculpado ni de su abogado defensor. Como los instrumentos internacionales mencionan los casos en que se puede limitar la publicidad con carácter excepcional116, el disfrute de este derecho fundamental por las partes del proceso, debe constituir la regla general en los diversos momentos del mismo. Al respecto se debe reconocer que se establecen breves plazos para el desarrollo de los procedimientos. [ Links ], ContralorÃa General de la República, dictamen 13.257, de 12 de marzo de 2010. [ Links ], Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Metalúrgica Vergara Hermanos Limitada . [Visitado el: 27 de septiembre de 2016]. De otro lado, la actuación de las autoridades en las que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en los que hayan intervenido50. La primera de ellas se refiere a si los mencionados procedimientos disciplinarios deben respetar las exigencias del derecho fundamental al debido proceso. Disponible en: Disponible en: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=28759&portal=4 El problema consiste en determinar si ese conjunto de exigencias iusfundamentales establecidas tanto por el Derecho internacional como por el Derecho interno resultan aplicables a los procedimientos administrativos disciplinarios. 40Corte Interamericana, caso Tribunal Constitucional c. Perú, 31 de enero de 2001, párrafo 75. Véase STC 56/2010, de 4 de octubre de 2010, fundamento jurÃdico 3. . 129ArtÃculo 120, incisos tercero y siguientes, en el caso de la investigación sumaria, y artÃculos 129 y 131 a 136, en el caso del sumario administrativo, de la Ley Nº 18.834 (1989). La misma norma permite ampliar por otros cinco dÃas dicho plazo en casos calificados. la seguridad de servidores públicos y Robo agravado. Se prohíbe expresamente la reproducción o copia de los contenidos de este sitio sin el expreso consentimiento de la ANF (c) 2016, Calle Capitán Castrillo Nº 409 (Esquina 20 de Octubre) 1 de 2004): pp. 2. La primera de ellas consiste en elucidar si estas exigencias del debido proceso son efectivamente aplicables a los procedimientos administrativos a través de los cuales se intenta hacer efectiva la responsabilidad administrativa de los funcionarios8. ... En cuanto al contenido de una sentencia motivada, la Corte Interamericana ha sostenido que aquella debe evidenciar que se han tomado en cuenta tanto los alegatos de las partes como sus pruebas 137. 64Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (2007) Observación General Nº 32, párrafo 7. El funcionario inculpado, por su parte, y es esto lo que repugna al principio de igualdad procesal de las partes, se encuentra claramente en desventaja. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=3130 Desde abril que alcanzó el 75%, este porcentaje ha ido descendiendo debido al cambio en las condiciones bancarias hasta tocar mínimos anuales. 34Bordalà (2009), p. 281, precisa que âla independencia se relaciona con la doctrina de la separación de poderes y con la autonomÃa para juzgar de todo juez dentro de la estructura judicial interna. No olvidemos, el marco general, establecido en nuestro nuevo proceso penal, con relación a las medidas cautelares que restringen derechos fundamentales, por el Artículo 253 numeral 3 del CPP; que a la letra dice: “La restricción de un derecho fundamental sólo tendrá lugar cuando fuere indispensable, en la medida y por el tiempo estrictamente … 116AsÃ, por ejemplo, el artÃculo 14.1 del Pacto menciona los casos en los que se podrá excluir a la prensa o al público luego de consagrar el derecho de toda persona a ser oÃda públicamente. Por lo mismo, ha declarado que tanto los órganos administrativos como los judiciales deben someterse a las exigencias de un procedimiento racional y justo15. 108âToda persona tendrá derecho a ser oÃda públicamenteâ, dispone el artÃculo 14.1 del Pacto. El único de los textos jurÃdicos en análisis que incluye el derecho a ser enjuiciado âdentro de un plazo razonableâ de manera general es la Convención Americana120. 104El artÃculo 132 de la Ley Nº 18.834, de 1989 prescribe que en el sumario administrativo el inculpado tiene cinco dÃas para responder los cargos formulados en su contra, contados desde que se le notificaron. de bienes del Estado y la riqueza natural, Instigación pública a delinquir, [ Links ], Bordalà Salamanca, Andrés (2011): âAnálisis crÃtico de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la tutela judicialâ, en: Revista Chilena de Derecho (vol. En concreto, y para el ámbito no penal, los derechos incluidos en el derecho fundamental al debido proceso son los siguientes: (1) derecho al juzgador equitativo, (2) derecho a la igualdad procesal de las partes, (3) derecho a la defensa, (4) derecho a la publicidad de los actos procesales, (5) derecho a ser juzgado en un plazo razonable, y (6) derecho a una sentencia motivada24. 2Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. En tercer lugar, todos los antecedentes reunidos durante la investigación sumaria o durante el sumario administrativo pueden ser utilizados para fundar la sanción disciplinaria que en definitiva se aplique. . 121El artÃculo 14.3, letra c) confiere a todo individuo acusado de un delito el derecho a âser juzgado sin dilaciones indebidasâ. Disponible en: Disponible en: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6695 Judicial: jcmpal05mzl@notificacionesrj.gov.co. De otra parte, sin embargo, esta misma linealidad pretendidamente ascendente, no haría sino evidenciar las discontinuidades de la temporalidad en la historia, en tanto que sus vínculos se establecen, necesariamente, entre rupturas temporales, signadas por los grandes hitos. Al respecto ver dictamen Nº 86.579, de 30 de noviembre de 2016, que reitera jurisprudencia administrativa en el mismo sentido. 1. Con todo, la jurisprudencia ha declarado inconstitucional la sanción aplicada en el contexto de un procedimiento disciplinario si el jefe superior del servicio que la dictó no es imparcial51. Las preguntas planteadas no son irrelevantes si se considera que en virtud de un procedimiento administrativo disciplinario se pueden aplicar diversas sanciones al funcionario investigado, entre las cuales se incluyen la destitución del cargo. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2639 Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/wp/ver.php?id=2688 Contenido del derecho fundamental a la defensa. [ Links ], Roxin, Claus (2000): Derecho procesal penal (Traducción de la 25ª. Disponible en: Disponible en: http://www.tribunalconstitucional.cl/ver.php?id=2822 En Naciones Unidas, Instrumentos internacionales de derechos humanos. 118ArtÃculo 182 del Código Procesal Penal, de 2000. Disponible en: Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122011000200004&lng=es&nrm=iso Las consecuencias sobre una tal declaración, sobre las que no resulta pertinente extenderse aquÃ, son sin duda significativas incluso desde el punto de vista constitucional. 41Asamblea General de las Naciones Unidas (1985), números 7 y 2. Para este efecto se hace un análisis de cada uno de los derechos constitutivos del debido proceso, en una doble perspectiva. 113Comité de Derechos Humanos (2007) Observación General Nº 32, párrafo 28. El problema aparece solucionado, al menos en principio, en la Ley Nº 19.880, de 2003, sobre Bases de los procedimientos administrativos. La razonabilidad del plazo de enjuiciamiento no puede ser evaluada sino en relación con el caso concreto. [ Links ], Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mémoli c. Argentina (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), sentencia de 22 de agosto de 2013. 6) El derecho fundamental a una sentencia motivada es el único efectivamente satisfecho en los procedimientos administrativos disciplinarios. [ Links ], Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley sobre transparencia, lÃmite y control del gasto electoral (2003): Tribunal Constitucional, 17 de junio de 2003 (Control de constitucionalidad, rol Nº 376-2003). [Visitado el: 15 de agosto de 2015]. 5.2. Disponible en: Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/index.cfm?lang=es Justificando la necesidad de motivación, en el considerando décimo afirma que âel deber de justificación o motivación del contenido y decisión de las sentencias tiene como fin demostrar que el juez ha realizado un razonamiento tal, capaz de explicar que los fundamentos de su decisión son los correctos y, en consecuencia, que la sentencia se encuentra conforme a derechoâ.
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